La procuradora general de la República, Arely Gómez González, firmó un convenio de colaboración con instancias federales, institutos y de la banca, con la finalidad de diseñar estrategias para prevenir el robo de datos y usurpación de identidad, ilícito que ha aumentado con el uso de nuevas tecnologías, pero que no está tipificado como delito en alguna ley.
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, cada año el sistema financiero es defraudado con al menos de 120 millones de pesos, a través de personas que solicitan créditos o hacen compras por medio de identidades falsas con datos que hurtan a los usuarios de Internet.
Por esa razón, dijo que es necesario contar con un Registro Nacional Biométrico, que se alimente del Padrón Electoral con que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), información que ayudaría a disminuir ese delito.
Gómez reconoció que el robo y la suplantación de identidad pueden derivar en que las víctimas "pierdan su patrimonio, se vean despojadas de sus ahorros o terminen siendo responsables de ilícitos que no cometieron".
Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), enfatizó que varios mexicanos han sido víctimas del robo de identidad y lamentó que ni en el Código Fiscal de la Federación ni en el Código Penal exista un artículo que castigue este delito.
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