La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de facultad de atracción que presentó la Procuraduría General de la República en siete juicios de amparo relacionados con 12 presuntos delincuentes que participaron en el ataque, secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que hoy buscan su libertad.
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Uno de los juicios tiene que ver con David Cruz Hernández, El Chino, bombero de Protección Civil en el municipio de Iguala, cuya declaración fue vital para que la PGR llegara al basurero municipal de Cocula, donde se presume que los estudiantes fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos.
La PGR cree que El Chino es la misma persona que la noche del 26 de septiembre de 2014 conducía la camioneta de Protección Civil de la marca Ford tipo Pick Up, roja con el número económico PC-03, en que se trasladó el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado, tras el ataque de los policías municipales de Iguala contra los normalistas.
Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, admitió a trámite la petición de la PGR y ordenó la suspensión del procedimiento de los juicios de amparo que se desahogaban en el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, hasta en tanto la Primera Sala del alto tribunal, se pronuncie sobre dicha solicitud.
“Por tanto, en acatamiento de la resolución emitida por el alto tribunal, suspéndase el procedimiento de este asunto, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegue a una determinación respecto la solicitud de facultad de atracción formulada por el procurador General de la República”, dice uno de los acuerdos.
Los amparos tienen que ver con los casos de Miguel Ángel Ríos Sánchez, El Pozol; Osvaldo Ríos Sánchez; David Cruz Hernández; Abraham Julián Acevedo Popoca; Jesús Vargas Rodríguez; Manuel Vázquez Chávez; Raúl Javier Crespo; Carlos Canto Salgado, Israel Dayán Arroyo Mendoza; Juan Carlos Beltrán Cruz; Ubaldo Toral Vences (ex policía municipal) y Miguel Arias Topete.
Los quejosos reclamaron que un Tribunal Unitario de Tamaulipas no quiso dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Miguel Ángel Ríos Sánchez declaró a PGR que David Cruz Hernández era el jefe de la comunicación en Iguala de Guerreros Unidos, conocido como Central entre todo el grupo, y quien les enviaba mensajes a través de teléfonos del tipo BlackBerry.
VJCM
