Los empresarios Fernando Villarreal y Blanca Ballesteros denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León, Armando Barajas García, por violar la suspensión decretada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Nuevo León, que ordenaba liberarlos de prisión por su edad avanzada y por tratarse de una causa penal que no amerita prisión preventiva, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La denuncia expone que, en la audiencia celebrada el pasado 5 de enero de 2024, el juez no acató lo ordenado por un Tribunal Federal en los Incidentes de Suspensión de los Juicios de Amparo 1097/2023 y 1098/2023, violando así la suspensión de amparo otorgada al matrimonio Villarreal Ballesteros, propietarios del consorcio de parques industriales Desarrollo Logistik.
“No obstante que se ordenó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada se ejecutara en el domicilio de los quejosos o en un centro hospitalario, esto en virtud de la edad y de la salud de los detenidos, el juez Barajas García omitió considerar dicha situación; esto en una franca violación a la suspensión”, detalló el abogado penalista Samuel Rubio, quien encabeza la defensa de la pareja de empresarios.
Tanto Fernando Villarreal como Blanca Ballesteros permanecen en prisión desde el 19 de diciembre del año pasado, como resultado de una denuncia por presunto fraude interpuesta por los accionistas minoritarios de su compañía, encabezados por José Luis Salas Cacho, José Cerrillo Chowell, Roberto Lopez Palau y Marcelo de los Santos Anaya; este último hijo del ex gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga.
Según se expone en su denuncia, los empresarios neoloneses señalan que “el licenciado Armando Barajas García, juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León, emitió una resolución en contravención a lo ordenado en los Juicios de Amparo, basándose en suposiciones y elementos inexistentes y realizando argumentaciones parciales y poco objetivas, con la única finalidad de favorecer los intereses del grupo de accionistas minoritarios”.
En adición a esta denuncia, el pasado 8 de enero de 2024 los empresarios Fernando Villarreal Cantú y Blanca Ballesteros Almaguer presentaron un nuevo amparo contra la resolución del juez Armando Barajas García que les niega la libertad. La audiencia sobre este recurso se celebró el viernes 12 de enero de 2024, en el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Monterrey, para resolver el recurso de queja 12/2024.
El Tribunal Colegiado sentenció una vez más que el juez de control responsable deberá convocar una nueva audiencia de forma inmediata, que resuelva prescindir de las consideraciones previas que adoptó para imponer la medida cautelar de prisión preventiva al matrimonio Villarreal Ballesteros, y para que dicte otra u otras medidas cautelares diferentes a la prisión siguiendo lineamientos legales y constitucionales.
En la audiencia pública, el magistrado Carlos Aldo Vargas Eguiarte señaló que “sabemos lo que está pasando con las audiencias y aquí me parece que se torna aun más evidente que las razones que da el juez para sostener la medida cautelar de prisión preventiva justificada me parece aún más que brillan de ilegales y es ahí donde entra la figura de la tutela anticipada al analizar el fondo del asunto. Esas argumentaciones que da el Juez no van a sostenerse, no superan el test de proporcionalidad que se exige en la norma internacional”.
Por su parte, el magistrado José Roberto Cantú Treviño señaló en la referida audiencia: “en el presente caso no estamos ante un delito que amerite prisión preventiva oficiosa” y agregó que “el efecto de la suspensión es factible otorgarse para que se lleve a cabo una nueva audiencia en donde se establezcan nuevas medidas cautelares con excepción de la prisión preventiva justificada”.
El magistrado Vargas Eguiarte también especificó que “otra de las razones donde advierto la ilegalidad del acto del juez es que se consideró aisladamente el monto del daño a reponer, pues ello vulnera el principio de presunción de inocencia, pues estamos en una etapa procesal donde no se puede dar por sentado eso todavía”.
Luego de la resolución del pleno, el abogado Samuel Rubio aseguró que la causa penal iniciada por los socios minoritarios del matrimonio Villarreal Ballesteros obedece a una estrategia ilegal de presión para despojarlos de su patrimonio, donde han corrompido a todo un sistema de justicia del estado.
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