La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no tiene ni la mitad de los policías, peritos y agentes del Ministerio Público que se requiere para investigar y perseguir delitos del fuero común, luego de que gobiernos anteriores no cumplieron las tareas de reclutamiento de personal e imperaba el caos en la dependencia.
El procurador Irving Barrios Mojica, señaló que en estos momentos hace falta personal tan solo para sacar el trabajo y más aún si se quiere ofrecer calidad y acabar con la impunidad que por años ha lastimado al estado.
El funcionario estatal dijo en entrevista a Notivox Tamaulipas, que se busca reestructurar y fortalecer todas las áreas de la Procuraduría, sin embargo, se tiene que empezar por el recurso humano, donde hay un déficit que considera preocupante.
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Precisó que al 30 de noviembre, la PGJE tenía alrededor de 750 elementos policiacos divididos en ministeriales e investigadores, pero se requieren 1,500 para sacar el trabajo y hasta 2,200 para alcanzar estándares de calidad en el desempeño de la dependencia.
"Al principio eran como 650, ahorita tenemos aproximadamente 750, hemos recuperado elementos que estaban asignados como escoltas, pero debemos tener unos 1,500 policías y 2 mil o hasta 2,200 para brindar un trabajo de calidad. No es sencillo ni rápido, tan solo el curso dura tres meses, no es algo que se pueda lograr tan pronto, quizá podríamos llegar a 800 o 900 para abril", expuso.
Explicó que de cada diez personas que presentan los exámenes de control y confianza, solamente uno pasa, lo que hace más complicado el poder completar el número de policías que se necesitan. "El problema es que no se hizo durante mucho tiempo, no había interés".
Destacó que la Procuraduría de Tamaulipas no anda tan mal en cuanto a los sueldos que ofrece a los interesados en convertirse en policías, ya que hay estados que pagan 5 ó 6 mil pesos mensuales, pero aquí la remuneración es de 20 mil, pero el primer requisito es contar con nivel de licenciatura.
"Ésta fue una Procuraduría muy limitada, no se invirtió lo necesario en reclutamiento, ni en capacitación al personal, modernización de infraestructura y equipo de cómputo", reprochó Barrios Mojica.
En cuanto a agentes del Ministerio Público, detalló que están adscritos a la PGJE alrededor de 220, sin embargo, solo 80 están capacitados para desempeñarse dentro del nuevo sistema de justicia penal; el resto, quedó obsoleto.
"Necesitamos que los agentes del Ministerio Público aptos para el nuevo sistema de justicia penal alcancen a ser unos 500, pero si son más, mejor, porque calculamos que por cada municipio debe haber mínimo un promedio de diez", agregó.
Por lo que respecta a quienes fungen como peritos, indicó que se cuenta con cerca de 200, pero no todos están especializados y capacitados. Por ejemplo, en Patología Forense, se tiene uno para todo el estado y dos en materia de incendios y explosiones.
"Debería haber mínimo unos 300 peritos en la entidad", apuntó. Irving Barrios, calculó que las labores de investigación requieren de al menos 40 policías por municipio y 50 por ciento más si se busca un estándar de calidad.
Cuestionado sobre el status jurídico y administrativo de los elementos que estaban asignados como escoltas de ex funcionarios, entre ellos los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, refirió que "son 80 elementos que están concentrados en la Procuraduría".
"Aquí los tenemos concentrados, si la Procuraduría General de la República los requiere para cualquier investigación, se los pondremos inmediatamente a su disposición".
Sobre el tema, comentó que él no puede ni detener a Yarrington, ni interrogar a los escoltas que lo custodiaban, porque no tiene una orden de aprehensión y tampoco un oficio de investigación, aseguró.
"La PGR sigue sus propias investigaciones, ninguna Procuraduría estatal puede hacer la detención sin una orden de aprehensión", externó. Cabe mencionar que 8 elementos cuidaban a Tomás y 4 a Hernández Flores.
Barrios Mojica, reveló que tanto presidentes municipales como diputados locales le han solicitado elementos para cuidarlos, peticiones que han sido rechazadas. También le han pedido permisos para portar armas.
"Parece que así se acostumbraba antes, hay mucho desconocimiento, la Procuraduría no pone escoltas, me lo han venido a pedir alcaldes y diputados, pero se los hemos negado, han venido unos seis o siete", dijo.
El funcionario estatal manifestó que la Procuraduría de Justicia tiene otro rostro, y la permisividad y el amiguismo quedaron atrás.
"Soy de fuera, no conozco a nadie y eso me ayuda a hacer mi trabajo sin consideraciones, si yo trajera a mis amigos a trabajar conmigo, no haría un buen trabajo".
En ese contexto, añadió que se trabaja en reforzar valores al personal, para erradicar la mentalidad de antes, y dar a la sociedad los mejores resultados posibles.
Reiteró que halló una dependencia con duplicidad de funciones, personal confundido con los procesos y sin registro certero de averiguaciones previas. Una desorganización que impedía cumplir en su totalidad el objetivo de investigar y perseguir los delitos del fuero común.
"Se requiere mucho personal, mucha capacitación y potenciar instalaciones para poder hacer un buen trabajo, la gente quiere castigo a los delitos y el nuevo sistema de justicia es todo lo contrario, así que tenemos todo un reto en materia de investigación y persecución".
Insistió en que aspira a brindar un trabajo de calidad, un servicio de excelencia, con investigaciones más efectivas, para que ya no haya impunidad, para lo cual se requiere robustecer jurídicamente sus consignaciones a los jueces.
Hoy en día, el Código Nacional de Procedimientos Penales le da la obligación a la Policía, sobre todo a la Ministerial, de hacer la inspección en el lugar de los hechos o del hallazgo, por lo que es importante que realicen correctamente su función, evitando así casos de libertad por falta de aplicación en este tema.
Reconoció que se tienen muchos retos, luego de que no encontró una Procuraduría de Justicia capacitada y con tecnología de vanguardia que pueda dar certeza en las investigaciones.
Respecto a posibles denuncias contra servidores públicos de la pasada administración, Irving Barrios Mojica mencionó que la Contraloría Gubernamental sigue haciendo su trabajo, pero hasta el momento no se le ha presentado denuncia o vista alguna.
"Estamos atentos, no hay consigna, pero actuaremos en caso de ser necesario, sabemos que donde se dejaron más anomalías fue en la Secretaría de Obras Públicas, pero también tengo la instrucción de que si un servidor público de la actual administración estatal infringe la ley, proceda en consecuencia", aseguró.
JERR
