Un juez federal rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien buscaba enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por su probable responsabilidad en el delito de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 21 de marzo, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual su defensa solicitó al juez de control el cambio de la medida, con el fin de que su cliente pudiera llevar a cabo su proceso en libertad, bajo otras condiciones.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso.
Al final del debate, el juzgador negó la modificación de la prisión preventiva justificada impuesta al quejoso.
Ante esa situación, Gualberto Ramírez promovió un amparo en el que impugnó la resolución del juez de control.
La demanda de garantías fue admitida a trámite por un juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le concedió una suspensión provisional, con el único efecto de que la libertad personal del ex servidor público quedara a disposición del juzgado mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo.
En 2022, un juez ordenó la aprehensión del ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La FGR presume que Gualberto Ramírez estuvo presente cuando El Cepillo fue torturado, asunto por el cual también existe una orden de aprehensión contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y en el que también enfrenta un proceso el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Gualberto Ramírez fue el encargado de enviar un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, en el que solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para que buscara en sus bases de datos si alguno de los normalistas estaba involucrado en actividades delictivas.
La citada Unidad tenía en sus manos diversas indagatorias relacionadas con el secuestro de los normalistas y con las organizaciones delictivas que operan en el estado de Guerrero.
Tras el requerimiento de las autoridades mexicanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió:
“En cumplimiento a su pedido, se hizo un a revisión de nuestros archivos con el propósito de determinar si existen registros o antecedentes penales de alguno(s) de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero.
“Le informo que no se encontró ningún registro de ninguno de los estudiantes”, indicó el Departamento de Justicia en el ex pediente 163E-MX-5679088.
MO
