Un juez de control se negó a liberar a los ex funcionarios del penal del Topo Chico que solicitaron su libertad porque habían cumplido un año detenidos sin ser juzgados, pese a que argumentaron que son en total 36 internos los procesados como autores materiales directos del asesinato de 49 reos, en el motín ocurrido en febrero del año pasado.
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Durante una audiencia que se celebró ayer jueves, el juez Pedro Cisneros resolvió que el ex director de Administración Penitenciaria, Fernando Domínguez Jaramillo; la ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles; y el subdirector, Arturo Bernal González, podían permanecer hasta dos años con prisión preventiva como lo establece la Constitución.
Aclaró que el Código Nacional de procedimientos penales señalaba un año como plazo máximo, pero en julio del año pasado se modificó esa medida y su resolución se determina también con base a los derechos humanos con los que cuentan los familiares de las víctimas, las cuales sumaron 49.
Domínguez Jaramillo y Bernal González deberán permanecer recluidos en el Cepreso de máxima seguridad de Tepic, Nayarit; y Gregoria Salazar en el de Cuernavaca, Morelos.
Sin amparo 4 ex celadores
Los cuatro ex funcionarios del Cereso de Apodaca acusados de delitos cometidos contra la seguridad de un centro penitenciario y abuso de autoridad, perdieron en definitiva el amparo que promovieron contra el auto de vinculación y tendrán que enfrentar el juicio final que está pendiente de programarse.
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El ex subdirector operativo del reclusorio, Juan Francisco Medina Herrera; y el ex jefe de seguridad, Brígido Eleuterio Villanueva Vázquez; así como los ex celadores Miguel Ángel Hernández Martínez y José Espiricueta, recibieron el revés por parte de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia penal.
