Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un artículo que impugnó Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien busca el reconocimiento de inocencia tras haber sido condenado a ocho años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal negó el reconocimiento de inocencia solicitado por el quejoso y no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Ante esta situación, Félix Moreno interpuso un recurso de revisión que fue admitido a trámite por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual determinó solicitar a la Corte que resuelva sobre el precepto reclamado, para poder dar continuidad al estudio de los temas de legalidad que impugnó el ex servidor público en los sexenios panistas.
Néstor Félix argumentó que la sentencia combatida se encuentra indebidamente fundada y motivada y que la magistrada del Tribunal Unitario aplicó indebidamente el artículo 486 del CNPP.
Asimismo, que la magistrada pasó por alto que el monto considerado en sentencia definitiva para el delito de enriquecimiento ilícito y lo atinente a la reparación del daño, no encuentra justificación si no se toman en cuenta una embarcación, un automóvil y pagos a American Express, pruebas que fueron desestimadas y declaradas ilegales en una sentencia irrevocable dictada por la Corte de Distrito de Estados Unidos, del Distrito Central de California.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Moreno Díaz de aumentar su patrimonio de forma ilícita y desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público.
La PGR aseguró que Moreno Díaz recibió 29 mil 500 dólares del apoderado legal de la empresa Lindsey Manufacturing Company, Enrique Faustino Aguilar Noriega, a quien presuntamente benefició a través del otorgamiento de contratos con la CFE.
Los recursos, según las indagatorias, fueron utilizados para el pago de colegiaturas de su hijo en la institución educativa St. John’s Northwestern Military Academy.
En primera instancia, el juez consideró que existían pruebas que demuestran que Moreno Díaz realizó depósitos en diversas cuentas de origen no identificado, por siete millones 694 mil 441pesos; que adquirió un terreno en Ensenada, Baja California, con un valor de 416 mil 145 pesos.
De igual manera, que compró vehículos: un Jeep, modelo 2009 en cantidad de 57 mil 400 pesos; un Audi, modelo 2003 por 212 mil 732 mil pesos; una camioneta Lobo, modelo 2005 en 359 mil 800 pesos; y una Nissan, modelo 2003 por 104 mil 400 pesos.
De igual manera, que realizó pagos a una tarjeta de crédito de Estados Unidos por un monto de un millón 785 mil pesos; compró un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y obtuvo un vehículo Ferrari Spider, por un monto de tres millones 258 mil 279 pesos.
VRM
