El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, confió en que existan las condiciones para que la Cámara de Diputados asigne al Poder Judicial de la Federación (PJF) los recursos que necesita para el próximo año, ya que son indispensables para consolidar las reformas al sistema de justicia penal y en materia de justicia para adolescentes.
Para 2017, el PJF solicitó un presupuesto de 75 mil 477 millones 300 mil pesos, que representa 14 por ciento más que en 2016.
De ese monto, 5 mil 488 millones 100 mil pesos son para la Corte; 66 mil 863 millones 900 mil pesos para el Consejo de la Judicatura Federal y 3 mil 125 millones 300 mil pesos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El ministro reconoció la difícil situación económica por la que atraviesa el país, pero dijo que esos recursos son indispensables para cumplir con la obligación que se le ha impuesto desde la ley y desde la Constitución.
A través del sitio en Internet de la SCJN @SCJNOficial, Aguilar Morales señaló:
"Es un presupuesto que está impulsado por los compromisos que la Constitución nos obliga a asumir, y tenemos básicamente cinco ejes fundamentales para poder cumplir con nuestras obligaciones legales".
El presidente del alto tribunal rechazó que los incrementos solicitados tengan que ver con algún gasto adicional superfluo.
"No queremos que el pueblo de México sufra, porque finalmente ellos son los usuarios, sufra un demérito en la impartición de justicia en uno de sus ejes fundamentales que es la celeridad y la expedición de los tribunales para que estén puestos siempre a disposición de la ciudadanía".
Detalló que una de las primeras obligaciones derivadas de la Constitución es consolidar de la reforma penal, por lo que se necesita construir más juzgados o Centros de Justicia Penal en todo el territorio, para atender la ya creciente cantidad de asuntos que se reciben en este tipo de sistema penal.
"Para ello se requiere de instalaciones adecuadas: no una sino cuatro salas en las regiones en las que ya están operando estos centros y, desde luego, todo lo que trae aparejado: jueces, personal, equipos e infraestructura", comentó.
Para justicia para adolescentes, abundó, se requiere contar con jueces capacitados específicamente para esta tarea, lo cual implica también costos en personal e infraestructura.
Para este año, se calcula tener no menos de un millón 200 mil asuntos en el sistema de justicia federal, declaró.
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