Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, aseguró que la liberación de las dos mujeres ligadas al caso Tlatlaya no derrumba la investigación que realizó la dependencia a su cargo sobre ese caso.
Un día antes un juez federal ordenó la absoluta libertad de Cinthia Stephanie Nava López y Patricia Campos Morales, quienes estaban recluidas en el penal El Rincón, en Tepic, Nayarit, acusadas de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Sin embargo, la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias contras las mujeres, por lo que el juez sobreseyó la causa penal.
Al respecto, Gómez Sánchez comentó: “El hecho de que estas personas salieran no significa que se caiga la investigación. En su oportunidad la procuraduría (del Estado de México) practicó las diligencias correspondientes, hizo el levantamiento de los cuerpos y practicamos las pruebas periciales que en orden del fuero común teníamos que practicar. Entregamos la investigación correspondiente a la PGR”.
Además reveló: “Nosotros ya nos acercamos a ellas a través del Instituto de Atención a Víctimas con objeto de determinar las condiciones específicas de su situación y poderles ofrecer todo el respaldo institucional, tanto en lo que tiene que ver con la indemnización y los apoyos diversos en materia de salud, servicios educativos”.
Aclaró que “en la procuraduría lo que es materia de investigación es si estas tres mujeres fueron maltratadas, torturadas o abusadas con algún propósito en específico. De tal suerte que el hecho de que obtengan un sobreseimiento por lo que se refiere a las imputaciones de delincuencia organizada y acopio de armas de fuego no tiene relación con lo que se está investigando en la institución”.
Mientras, la presidenta de la comisión legislativa para el seguimiento al caso Tlatlaya, Elena Tapia, celebró la liberación de las dos mujeres sobrevivientes y exigió la reparación integral de los daños a dichas víctimas.
Aseguró que la excarcelación constituye una decisión fundamental para evitar más atropellos a la ley después de los hechos del pasado 30 de junio.
La diputada federal perredista recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que las mujeres fueron víctimas de tortura por parte de elementos de la procuraduría del Estado de México.
Por ello, dijo, es necesario que se detenga la revictimización que han generado diversos actos y omisiones posteriores a las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya.
La comisión insistirá en sus requerimientos de información a dependencias federales para esclarecer las dudas sobre la muerte de 22 presuntos delincuentes.
