En el país hay 729 asesores jurídicos de víctimas, cuando solo entre enero y noviembre de 2016 se denunciaron un millón 431 mil delitos del fuero común.
Por ley debe haber por lo menos cuatro mil 13 asesores jurídicos en el país, por lo que faltan tres mil 284 —es decir, 81 por ciento del total— encargados de garantizar el derecho a la debida representación de quienes son objeto de un delito en el nuevo proceso penal adversarial.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2022 se logrará contar con el personal suficiente, considerado “el eslabón más reciente —y quizá el más débil— de la cadena que soporta el Sistema Penal Acusatorio” por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El titular de Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, Rubén Vasconcelos, encargado del Subprograma de Capacitación, señaló que Hidalgo y Oaxaca no tienen un solo asesor jurídico de víctimas en activo y los mayores déficits se dan en Veracruz, donde faltan 380 asesores; en Chihuahua, que requiere de 254 asesores; Nuevo León, de 218, y Jalisco, de 195.
Apuntó que el número de asesores jurídicos en el país es insuficiente para garantizar el derecho de las víctimas y su debida representación en el proceso penal.
Además, los asesores jurídicos no siempre tienen las habilidades y capacidades necesarias para desenvolverse en el Sistema Penal Acusatorio.
La Ley General de Víctimas establece que en el orden federal debe haber por lo menos un asesor jurídico en cada Unidad Investigadora del Ministerio Público Federal, Tribunal de Circuito y Juzgado Federal en materia penal, así como Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Mientras en el ámbito local, las entidades federativas deben tener como mínimo un asesor jurídico en cada agencia del Ministerio Público, juzgado, sala penal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El SNSP inició este año una serie de capacitaciones a los gobiernos estatales, entre ellos el Subprograma para el Fortalecimiento de las Asesorías Jurídicas de Víctimas, con la finalidad de que los gobiernos estatales destinen parte de los fondos de seguridad otorgados por la Federación con el objetivo de garantizar la adecuada y efectiva representación de las víctimas en el Sistema de Justicia Penal.
