La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primer periodo ordinario de sesiones de 2017 en el que tiene previsto resolver asuntos de trascendencia nacional, entre los que destaca la impugnación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a diversos artículos del Código de Justicia Militar bajo el argumento de que no cubren los estándares nacionales e internacionales en la materia.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que otro de los temas relevantes que la Corte analizará es la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, mejor conocida como la "Ley Atenco".
Dicho estatuto fue aprobado por el Congreso Local del Edomex y publicado en marzo de 2016. La CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalaron que la reforma viola derechos fundamentales de las personas, como son la libertad de reunión, asociación y libre expresión.
Ante el Pleno del Ato Tribunal, el ministro presidente mencionó que también estudiarán la acción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 158 del Código Penal de Veracruz que contempla penas que van de seis meses hasta cinco años de prisión contra personas que infecten de VIH, de manera dolosa, a otras personas.
Asimismo, el máximo tribunal revisará la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los diputados de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano del Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, denominada Ley 3de3, y que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
El asunto quedó registrado bajo el número de expediente 70/2016 y fue turnada a la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz, quien la admitió a trámite.
El citado artículo establece que las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de los servidores públicos deben ser públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Los formatos para presentar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses quedará dictaminada por un Comité Ciudadano.
La acción legal busca que la presentación y publicación de las declaraciones no tenga que pasar por dicho comité.
Aguilar Morales señaló que también desahogarán los incidentes de inejecución de sentencia que tienen pendientes por resolver, en los que se definirá el destino de los funcionarios públicos que no acataron sentencias de jueces federales.
Por su parte, el ministro Fernando Franco González Salas, quien integró la Comisión de Receso de la Corte durante el periodo vacacional de diciembre, rindió su informe de labores en el que señaló que se admitieron 159 expedientes, mientras mil 380 promociones fueron turnadas.
ERM
