Un juez federal otorgó una suspensión provisional, la cual ordena entregar copias del pliego de consignación y de la orden de aprehensión a la defensa de los cuatro militares señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos responsables de delitos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Eutimio Ordóñez Gutiérrez, juez cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la medida cautelar solicitada por los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández.
Los litigantes representan al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, así como del subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota Esquivel, el primero de ellos sujetado a proceso por el presunto delito delincuencia organizada, mientras que el resto enfrenta el mismo delito, además de desaparición forzada.
La resolución ordena a Enrique Beltrán Santes, juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que expida las copias que fueron negadas y que en todo caso se guarde sigilo por lo que hace a otros implicados en el expediente.
La defensa de los militares contra los que se dictó auto de formal prisión han manifestado que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), "está plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones".
Asimismo, han explicado que el proceso contra los militares se sustenta en las declaraciones del testigo protegido Juan (Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos), quien refirió que los soldados colaboraban con el grupo criminal; y por su presencia el 26 de septiembre de 2014, en la clínica Cristina, en Iguala, donde se refugiaron algunos estudiantes.
De igual manera, que el auto de formal prisión dictado a sus defendidos se desprende que salvo los dichos del testigo protegido, "no existen evidencias" en el sentido de que los militares tuvieran relación con algún grupo criminal, ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos.
"Las imputaciones del testigo protegido Juan refieren datos falsos, como la referencia de que cuando se detuvo a Reynaldo Benítez Palacions, El Huaraches se encontraba también el narcotraficante Mario Casarrubias Salgado al cual se dejó escapar; siendo que este último tenía más de un año preso en un Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social), cuando se detuvo al primero en 2015", comentaron hace unas semanas.
DMZ
