La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizar censos que identifiquen los asentamientos irregulares que existen en el país.
Ésta es la primera vez que se ordena al Inegi llevar a cabo dicha tarea, ya que nunca los ha contabilizado en sus censos porque su argumentó es que los asentamientos no cuentan con una dirección oficial.
La Sala avaló el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien propuso amparar a la asociación civil “Un techo para mi país México”, quien reclamó que el instituto no contabiliza a la población que vive en dichos asentamientos irregulares.
La asociación señaló que resulta inaceptable que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no haya realizado un censo para determinar cuántas personas habitan en asentamientos informales en el país, cuya condición de vulnerabilidad reside en la pobreza y marginación que obliga a las personas a vivir en zonas donde no tienen acceso a distintos servicios públicos.
Indicaron que la situación de marginalidad a la que se enfrenta la población en asentamientos informales exige que el Estado adopte medidas especiales para garantizar mejores condiciones de vida y no invisibilizarlos.
La resolución de la Primera Sala ordena levantar el censo conforme a los parámetros que define la Organización de Naciones Unidas sobre asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza.
bgpa
