El gobierno federal condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa.
El funcionario federal afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto comparte la preocupación por los atentados contra la integridad de cualquier periodista y está convencido de que cada delito debe perseguirse y castigarse.
Así respondió el subsecretario, por instrucciones del Presidente, a la carta que le envió el pasado domingo un destacado grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos.
Campa Cifrián informó que respecto del homicidio de Rubén Espinosa, Olivia Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Mile Virginia Martín, la autoridad responsable es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y "nos ha comunicado que a esta fecha ninguna línea de investigación está descartada".
En un comunicado, el subsecretario Campa habló también del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado el 25 de junio de 2012 y sostuvo que se mantiene en un proceso de "fortalecimiento permanente", atendiendo a la fecha a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.
Ofreció además continuar el trabajo para que dicho Mecanismo "opere con base a las mejores prácticas tal y como comunicadores y sociedad demandan".
El funcionario federal dijo que fue instruido para atender personalmente las comunicaciones de los personajes destacados que pidieron al presidente Peña acciones efectivas para atender la violencia contra periodistas y expresó una condena categórica a las agresiones y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Aseguró que el gobierno federal "colabora con las autoridades competentes" en el esclarecimiento del caso Narvarte.
"El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista", dijo.
Campa aseguró que el gobierno federal está consciente de que "los delitos que afectan a comunicadores y a defensores de derechos humanos por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos".
