El gobierno mexicano accedió a brindar protección a una testigo que le dijo a The Associated Press y a la revista Esquire que soldados mataron a 21 presuntos delincuentes después que se rindieron en un almacén del sur de México.
La mujer le dijo a la AP que agentes de la Procuraduría del Estado de México la amenazaron si hablaba sobre lo que ocurrió el 30 de junio, y teme represalias. La agencia de noticias ha retenido su nombre a solicitud de ella.
En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó formalmente que México le otorgue protección y también a su familia.
La Secretaría de Gobernación informó el miércoles que se había reunido con otras agencias gubernamentales y representantes de la mujer para decidir cómo proporcionarle protección.
