Los casos de extorsión contra el transporte público han sido contabilizados en el oriente del Estado de México, pero en zonas cercanas a Guerrero y Michoacán los ruleteros también son víctimas de este delito.
De acuerdo con una fuente empresarial del transporte, quien prefirió omitir su identidad por cuestiones de seguridad, en municipios del sur las amenazas son una práctica constante.
“Tienen cuotas fijas para las organizaciones transportistas. Se dirigen al representante, los grupos saben con cuántas unidades operan”.
Explicó que “el derecho de piso” que pagan está calculado con base en el número de vehículos de las bases, por lo que en aquellas con más de 200 o 300 automotores, se les pide 10 pesos; pero en las de una flotilla menor, la erogación va de los 70 a los 100 pesos por carro.
“Tenemos que desembolsar dinero que teníamos destinado para el bienestar de nuestras familias, ahora lo tenemos que dar para nuestra protección”.
Indicó que en los limítrofes con Guerrero y Michoacán es común este acto, tales como Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Tenancingo, Valle de Bravo, Sultepec y Villa Victoria.
“Vamos a entrarle duro al tema con las autoridades, porque también somos ciudadanos”.
Precisó que en el caso del Valle de Toluca, en Metepec existe registro de una especie de “sindicato criminal” que obliga a los operadores a sumarse, a cambio de que puedan trabajar.
Comentó que el sector empresarial se reunirá con los secretarios de Movilidad, Gobierno y Seguridad para atender esta situación, además de un grupo que proviene del Valle de México, con los que pretenden hacer frente a esta ola de delincuencia.
En el Estado de México van 16 unidades del servicio público incendiadas en el oriente de la entidad, cuya línea de investigación refiere es la extorsión; por la misma situación, ocho líderes gremiales fueron asesinados en las últimas semanas.
SGCF
