El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados promovió un amparo para que un juez federal ordene a la Subcomisión de Examen Previo que sesione, tras un año de inactividad, y resuelva las peticiones de juicio político que tiene pendientes contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Los legisladores federales solicitaron juicio político contra Murillo por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de funciones, por la investigación que la institución a su cargo realizó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, conocida como la "verdad histórica".
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Dicha pesquisa fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coadyuvantes en la indagatoria, lo que orilló a la actual administración de la PGR abrir nuevas líneas de investigación sobre el paradero de los jóvenes, de lo que la gestión de Murillo presumió que una buena parte de ellos fueron asesinados y calcinados en el basurero municipal de Cocula.
Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del PRD en el recinto de San Lázaro, dijo que espera que a más tardar en octubre la mencionada subcomisión se presente a sesionar.
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"Lo que nosotros estamos exigiendo es que se actúe; que solo se declare que se va contra los corruptos, que se va a buscar hacer justicia, hechos son los que van a marcar la realidad de lo que se quiere hacer.
"Ya tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, ahora lo que falta es que quienes son los principales responsables de que esto se haga realidad, son precisamente lo que están en el gobierno; y son al mismo tiempo, los que aquí componen una mayoría que ha impedido que hasta ahora sesione para trabajar y dictaminar sobre las solicitudes de juicio político, es el PRI", declaró Zambrano.
Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, mencionó que desde 2013 están pendientes por resolverse 350 solicitudes de juicio político.
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