Nueve de cada diez mexicanos advierten que traficantes de personas y narcos tienen algo o mucha responsabilidad en la desaparición forzada de personas.
Sin embargo, casi la misma proporción (86.8 por ciento) afirma que las autoridades y los policías (84.5) son también algo o muy responsables de esos crímenes.
Asimismo, siete de cada diez ciudadanos (70.6 por ciento) consideran poca o nula la probabilidad de que una víctima de desaparición forzada en México sea encontrada con vida.
De acuerdo con la encuesta Desapariciones Forzadas, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 41.5 por ciento de la población percibe que la desaparición de niños y jóvenes está relacionada con tráfico de órganos; 14.4 por ciento, con reclutamiento del crimen organizado; 13.4 por ciento, con trata de personas; 12.4 por ciento, con venganzas, y 12.2 por ciento, con secuestros.
No obstante, apenas la mitad de las personas consultadas (51.9 por ciento) prevé una reducción en la incidencia de ese crimen como resultado de la reciente aprobación de la nueva ley general en la materia.
Según la percepción de los encuestados, los sectores más victimizados por las organizaciones delictivas dedicadas a la desaparición forzada son los grupos vulnerables (17.1 por ciento), mujeres (16.6 por ciento), niños (13.7 por ciento), jóvenes (12.7 por ciento), periodistas (11.9 por ciento) y personajes críticos al gobierno (10 por ciento).
A la pregunta “¿qué efecto tiene en las personas y en las sociedades el delito de desaparición forzada?”, 50.1 por ciento respondió “temor” o “miedo”; 21.1 por ciento, “angustia”; 17.4 por ciento, “impunidad”; 6.5 por ciento, “debilidad del Estado”, 3.4 por ciento, “problemas económicos y de endeudamiento”, y el restante 1.6 por ciento dio otras respuestas.
Seis de cada diez (64.6 por ciento) calificó de mala o muy mala la actuación del gobierno para castigar a los responsables de las desapariciones, al igual que en materia de prevención de esos crímenes (61.3 por ciento) y respecto de los protocolos de búsqueda de desaparecidos (58.2 por ciento).
