De un sólo golpe 33 niñas y niños quedaron en el desamparo paterno desde hace 12 años, cuando sus papás desaparecieron un día después de haber llegado a la terminal de autobuses en Matamoros, Tamaulipas procedentes de Pochutla, Oaxaca.
“Es una situación muy dolorosa de desolación, de desesperanza, de desprotección total porque quedaron al frente las señoras como jefas de familia con los niños pequeños para sacarlos adelante”, comentó a MILENIO, Nora Martínez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño.
Concepción Vizarretea cuenta uno a uno los hijos de estos 10 hombres, entre ellos sus tres hermanos y su cuñado, cuyos rastros se perdieron en Matamoros el 14 de julio del 2010, un mes antes del hallazgo de 72 migrantes asesinados en San Fernando.
Los 10 habían viajado a esa ciudad fronteriza para adquirir camionetas de segunda mano para la sociedad cooperativa que integraron en la comunidad turística de Zapotengo.
Don Andrés Vizarretea Avendaño se había animado a viajar con el grupo, pero desistió cuando sus hijos le pidieron que se pusiera unos tenis en lugar de sus inseparables huaraches.
Puede decirse que aquella decisión le salvó del destino que tuvieron sus hijos Andrés, Juan Carlos y Luis Vizarretea Salinas, quienes al igual que Isauro Rojas, Adelaido Espino, Benito Salinas, Juan Antonio Feria, Fidel Espino, Nemorio Vizarretea y Gregorio Hernández, siguen hasta hoy desaparecidos, presuntamente por el crimen organizado.
“...Ellos llegaron a un estado que era como el común lo que estaba pasando en esos tiempos, que desaparecían a las personas, pero no sabemos con certeza cuál fue el origen de la desaparición”, mencionó Nora Martínez.
Cuando se perdió la comunicación con ellos, los familiares iniciaron la búsqueda, presentaron la denuncia ante la fiscalía de Oaxaca y pidieron apoyo de organizaciones sociales.
“Yo llegué a Tamaulipas, un estado muy feo, yo no me arriesgué, porque fui al hotel y luego me preguntaban de dónde venía, que si iba para el norte, que si buscaba polleros, yo les dije que no iba al norte, y fui a la terminal a ver si ellos habían llegado y efectivamente me dijeron que ellos habían llegado y yo les dije que me dijeran dónde quedaba la procuraduría para hacer la denuncia y me dijeron que yo no me arriesgara porque estaba mi vida en riesgo”, narró por su parte Celerina Santos, esposa de Nemorio Vizarretea.
Fue así como la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, junto con el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas tomaron el caso en sus manos.
“Es para nosotros un motivo de profundo dolor el que, a 12 años de esta desaparición, ninguna institución encargada de procurar y administrar justicia en el estado y en el país hayan respondido de manera satisfactoria”, Wilfrido Mayren, Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Oaxaca.
Las tres organizaciones lograron que por este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera en noviembre de 2010 la medida cautelar 262 en la que pidió resguardar la seguridad e integridad de los 10 desaparecidos.
“No fue inmediato, porque ellos revisan la información, corroboran, le piden un informe previo al Estado mexicano, que es el gobierno federal, y a partir de su análisis que hacen otorgan la medida cautelar. De su evaluación que hicieron determinaron dar la medida cautelar”, explicó la Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño.
Justo al cumplirse 12 años de este caso, Nora Martínez considera que hubo negligencia de las instituciones procuradoras de justicia.
“La Fiscalía de Oaxaca en ese momento sólo inició la denuncia, las averiguaciones previas y las canalizó, las delegó, a la Fiscalía de Tamaulipas, antes procuraduría ahora fiscalía, y le quitó el tema en la investigación porque decía que no desaparecieron en Oaxaca, era competencia de Tamaulipas. Y en este caso la PGR en ese momento, ahora la Fiscalía, pues solo se dedicaban a corroborar información, que muchas veces las que estaban haciendo la investigación eran las señoras, las que aportaban todos los elementos, de lo que iban encontrando, de lo que decía las familias”, lamentó Martínez.
De la misma manera, considera que a 12 años de distancia no hay elementos para tener certeza de que las fiscalías han realizado una buena investigación.
“No han dado con el origen de la desaparición ni tenemos elementos del por qué. Las familias lo deducen porque ellos llegaron a un estado donde era común lo que estaba pasando en ese tiempo en que desaparecían las personas, pero no sabemos el origen, con certeza, cuál fue el origen de la desaparición”.
Las tres organizaciones que les han otorgado acompañamiento a las víctimas reivindican el derecho que tienen las familias a la verdad y la justicia, que es también la exigencia de todas las familias de desaparecidos en el país
Ellas ya aportaron todo lo del ADN para que se confronte. En cuando aparecen fosas o aparecen personas muertas pues hacen la confronta, pero no hay ningún resultado aún, ellas siguen con la esperanza de encontrarlos con vida, y el expediente sigue abierto y la exigencia sigue vigente, saber qué pasó.
FMU
