Comerciantes establecidos en los municipios del Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, se quejaron por la violación de derechos humanos y daños en patrimonio que se cometen durante los operativos BOM (Base de Operaciones Mixtas).
"En dichos esquemas tanto los policías federales, ministeriales del Estado de México, vestidos de negro, encapuchados y con armas largas, sin mediar palabra, portando armas largas, entran a los establecimientos, los catean y detienen a los empleados; en tanto se roban equipo, mercancía y dinero que hallan a su paso; teléfonos celulares, computadores, aparatos y cámaras de vigilancia", denunció Saúl Medina, impresor asentado en la colonia México Nuevo de Atizapán de Zaragoza.
TE RECOMENDAMOS: No hay "focos rojos" para el periodo vacacional: CES
En un comunicado, comerciantes organizados, gaseros y gasolineros de Villa de Nicolás Romero, asentados en las colonias Flores Magón, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero, Llano Grande y otros, también se quejaron por las extorsiones que durante esos operativos se llevan a cabo en sus negocios.
Algunos de ellos pidieron guardar su anonimato por temor a represalias, quienes dijeron que organizan un frente común para denunciar ante autoridades civiles federales, los atropellos que enfrentan.
Dijeron que se encuentran "atados de manos ante las irrupciones de este tipo de autoridades que se presentan sin identificación y amagando con sus armas a encargados y propietarios".
Los quejosos dijeron que no tienen intención de demeritar el combate al crimen por parte de las BOM, aunque a partir de septiembre de 2016 las acciones se han encaminado a ejecutar verificaciones a los comercios establecidos en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero.
"Desde que empezó el año y hasta las últimas semanas, por esta forma de 'delincuencia de Estado', inclusive algunos comercios han llegado a cerrar porque los oficiales encapuchados les han llegado a pedir cuota", se quejaron los afectados.
Documentaron que se llevan detenidos a empleados ante el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, pero no se consigna ninguna averiguación previa sino que amenazan a sus familias para que paguen determinada cantidad de dinero porque en caso contrario se les acusará de delitos contra la salud, "sembrándoles" droga, y que serán remitidos a prisión.
"Dicen los policías que si denunciamos ya saben dónde vivimos. Han llegado al punto, policías ministeriales de Nicolás Romero y Atizapán, de decirles que lo que se junta es para las campañas del Estado de México, o para 'hacer la maleta' por si pierden", dijeron los quejosos.
MCLV
