La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a cuatro comunidades indígenas mayas del municipio de Bacalar, en Quintana Roo, que obliga a la empresa Monsanto a dejar de sembrar soya transgénica en esas zonas, hasta que los habitantes determinen si conceden o no su permiso para que la compañía utilice sus tierras.
Los ministros de la Corte establecieron que Monsanto debe esperar al menos seis meses para volver a sembrar soya, mientras los mayas llevan a cabo una consulta, plazo que puede alargarse, según los usos y costumbres de los quejosos.
Los mayas se oponen a la siembra de soya transgénica, porque argumentan que la presencia de la empresa provocó la deforestación en sus zonas y limitó el crecimiento de las abejas, además de que utilizó pesticidas que matan a otros insectos.
Los indígenas han argumentado que la miel que ellos venden es orgánica, y su producto está reconocido por la Comunidad Internacional Europea, pero al ser contaminada con la soya transgénica y los pesticidas, corren el riesgo de perder ese mercado.
Monsanto obtuvo un permiso de la Sagarpa para sembrar, de forma comercial, soya transgénica en áreas geográficas delimitadas en los estados de Tamaulipas, Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz.
En 2015, los mayas que se encuentran asentados en Yucatán y Campeche lograron echar abajo los permisos otorgados a Monsanto, llevando su caso a la Corte.
El máximo tribunal de justicia del país ha señalado que ninguna empresa transnacional o nacional, ni mucho menos el Estado, puede realizar proyectos en zonas donde habitan pueblos o comunidades indígenas en México, sin antes consultar a sus pobladores.
nerc
