La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo el decreto que impulsó el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a través del cual se ordenó transferir a los gobiernos municipales, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Con ocho votos a favor, el Pleno de la Corte invalidó el Decreto Número 289 mediante el cual se aprobaron diversas reformas a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California publicado el 29 de julio de 2021.
Los efectos del fallo serán inmediatos, una vez que se notifiquen al Congreso y al gobierno de Baja California.
Los ministros de la Corte señalaron que el Congreso local omitió anunciar a los municipios la sesión en que se iba a discutir el dictamen del decreto impugnado, a fin de que pudieran enviar a un participante quien, sin voto, colaborara en los trabajos legislativos, tal como lo exige el artículo 30 de la Constitución del estado Baja California.
Al omitirse dar intervención a los municipios en el proceso de creación del Decreto controvertido, se cometió una violación el procedimiento legislativo.
“El referido vicio de procedimiento incidió negativamente en los principios democráticos que debe observar el Poder Legislativo, al no darle participación a los municipios, a través de sus ayuntamientos, en la deliberación de reformas legales que tienen una injerencia directa en sus funciones constitucionales, violándose, por consecuencia, lo dispuesto en el artículo 115”, indicó el ministro ponente Albert Pérez Dayán.
El fallo derivó de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo Federal, quienes demandaron la invalidez del decreto.
