Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite 30 controversias constitucionales que impugnan la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), mismas que conforman la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alberto Pérez Dayán dio entrada a los recursos, pero rechazó conceder la suspensión solicitada por municipios gobernados por el PAN y el PRI.
“Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar.
“Sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”, mencionó el ministro.
Las impugnaciones se suman a los recursos legales promovidos por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua, y del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Ley General de Comunicación Social establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión y es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos a los que la Constitución dota de autonomía y cualquier otra institución o entidad de carácter público.
Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala las sanciones a funcionarios que no cumplan con las restricciones para comunicación social.
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