El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, llamó a erradicar la impunidad, ineficiencia y corrupción que han minado la credibilidad de nuestro sistema penal.
Aguilar dijo que con el apoyo de la sociedad civil y de las instituciones, se están sentando las bases para transformar radicalmente nuestra justicia con la alta expectativa de cumplir con el pueblo de México.
Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el ministro de la Corte anunció la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en nueve entidades del país, entre ellas la Ciudad de México.
Luis María enfatizó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) escogió y capacitó a los mejores juzgadores para atender los juicios orales en materia federal.
Estos nuevos juzgadores, apuntó, deberán brindar una justicia accesible, que se entienda, que no tenga oscuros ni grises y que se imparta con transparencia frente a los ojos de la gente.
Mencionó que con la puesta en marcha del NSJP en Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, la norma constitucional y con ello el nuevo sistema penal acusatorio oral, se buscará satisfacer las legítimas demandas de una sociedad que requiere de transparencia, de honestidad, para demostrar que se puede ser confiable, que los jueces están para servir a la sociedad.
"Este hoy, este aquí y este ahora deben ser el punto de inflexión, para combatir los flagelos de impunidad, ineficiencia y corrupción que han socavado la credibilidad de nuestro sistema penal y que, estoy convencido, con la colaboración de todas las instituciones involucradas y de la sociedad civil estamos sentando las bases para transformar radicalmente nuestra justicia penal con la alta expectativa de cumplir con el pueblo de México", expresó el ministro.
Por su parte, el secretario de Gobernación, mencionó que con estos nueve estados suman 24 las entidades donde se aplica el NSJP, lo que representa el 70 por ciento de la cobertura nacional, y para lo cual se han destinado 12 mil millones de pesos, presupuesto histórico.
Osorio Chong aseguró que el nuevo sistema está presente donde hay tres de cuatro mexicanos, y cubre a 85 millones de mexicanos.
Indicó que el NSJP requiere de nuevas modalidades, por lo que se ha capacitado a los instructores que replican el nuevo sistema para poner al día a los 333 mil policías que hay en el país y se busca cubrir a las diferentes comunidades indígenas también.
Al respecto, la procuradora general de la República informó que se solicitó al Congreso de la Unión la emisión de la sexta declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales para los estados de Campeche, Michoacán, Sonora, y Veracruz, prevista para el próximo 29 de abril.
La emisión de la declaratoria de la séptima y última etapa, añadió, se dará el 14 de junio de de este año para los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto de los territorios a los que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución.
El NSJP, mencionó la funcionaria, garantizará una mayor seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación de las instituciones, teniendo como ejes rectores el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
"La apertura a la sociedad que este nuevo esquema ofrece, impedirá que acusadores, defensores, asesores jurídicos y órganos jurisdiccionales se escuden en el sistema tradicional y cerrará los espacios de opacidad en los que se pueda cometer un acto de corrupción dentro de los procedimientos penales", señaló Arely Gómez.
Subrayó que es imperativo contar con la autoridad de supervisión de medidas cautelares a nivel federal, para así estar en condiciones de cumplir con el mandato que traen aparejadas la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales en dicho tema, armonizando la operatividad del sistema y eliminando las diferencias de criterios.
La creación del órgano de supervisión, explicó, permitirá generar las condiciones para promover el uso de medidas distintas a la prisión preventiva y la figura del arraigo, así como garantizar la efectividad y objetivos del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
"Con ello se atiende a las sugerencias de Naciones Unidas sobre el encarcelamiento como último recurso que sólo se debiera utilizar cuando la seguridad de la sociedad está seriamente amenazada", comentó.
