El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón, informó sobre la clausura de 28 granjas clandestinas de “rehabilitación”, ubicadas en 11 entidades, en las que se cometían delitos de trata de personas, incluyendo a menores de edad, violaciones y se utilizaba a la población para realizar actos criminales.
En una acción coordinada con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mondragón explicó que desde el mes octubre hasta la fecha se dieron a la tarea de supervisar 46 granjas que operaban en Jalisco, Estado de México, Durango, Yucatán, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí y Guanajuato, donde encontraron que 28 operaban como prisiones así como lugares de esclavitud y de labor criminal.
“Se encontró que los usuarios eran privados de su libertad y en algún estado encontramos a seis mujeres encerradas en un cuarto, tres de ellas menores de edad, una embarazada sin tener los cuidados médicos, que eran sexualmente explotadas. Cuando las vimos no habían comido por más de 24 horas”, dijo el funcionario federal tras reservarse el nombre de las entidades para evitar que se acuse a los estados de “solapamiento”.
Además de la trata de personas, señaló, “había una granja cercana al Distrito Federal donde los internos eran puestos a delinquir durante el día por el jefe de la granja y por la noche recibía los dividendos”.
ANOMALÍAS
Las irregularidades detectadas durante el proceso de supervisar a los “Establecimientos Especializados en Adicciones” abarcan cuestiones de hacinamiento en cuartos que fungían como supuestos dormitorios carentes de higiene y, por supuesto, de camas, por lo que la mayor parte de los adictos pasaban la noche sobre literas de cemento, sarapes y colchas sucias.
Asimismo, en estos establecimientos se encontraron alimentos podridos que se daban de comer a las personas, fauna nociva como arañas y chinches; medicamentos caducos, sanitarios sin corriente de agua, al aire libre; ausencia de regaderas y, en caso de permitir el aseo se daba con manguera con agua fría y algunos reportan que “los bañaban” vestidos. Ochenta por ciento contaba con instalaciones no funcionales.
En conferencia de prensa, Mondragón detalló que las 300 personas que habitaban en esos 28 espacios clandestinos, desde casas hasta terrenos, fueron reubicadas en lugares certificados de rehabilitación de alcohol, mariguana y cocaína, principalmente.
Comentó que se interpusieron dos denuncias penales por privación de la libertad y por trata de personas ante el Ministerio Público de cada entidad, sin detallar el nombre de las mismas.
Solo adelantó que en 2016 se continuará con el proceso de supervisar alrededor 2 mil establecimientos detectados, entre certificados y clandestinos, dado las diversas denuncias de la población que abarcan también homicidios.
“Cuando era secretario de Seguridad Pública recibía denuncias demostradas dentro de las granjas en las que habían golpes, ultrajes, violaciones, trata de menores y hasta homicidios”.
Mondragón aclaró que en la dependencia a su cargo “no vamos con garrote y a ultranza a clausurar” todas las granjas y anexos, porque a algunos de estos solo les falta cubrir aspectos esenciales de la Norma Oficial Mexicana NOM 028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y en eso también van a trabajar.
El funcionario federal reconoció que las familias suelen llevar a los adictos a esos lugares debido a que un tratamiento adecuado en centros privados oscila de 35 mil a 150 mil pesos mensuales.
Por ello, como ya habían informado, el Estado se hará cargo de la atención de sus adictos para garantizar la total recuperación del paciente que debe permanecer internado, por lo menos un mes.
De ahí la importancia de la certificación que ya tienen 397 establecimientos residenciales y que la gente busque asesoría en el 01 800 911 2000.
En julio pasado, el funcionario advirtió que iban a cerrar las granjas, los anexos o supuestos centros de atención de adictos.
“Vamos a cerrar las famosas granjas, donde tienen amarradas a las personas, las tienen secuestradas. Cuando era secretario de de Seguridad Pública del Distrito Federal llegué a ver violaciones, robos, hasta homicidios adentro. Por ello no pueden seguir funcionando”, puntualizó.
