La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Baja California que implemente medidas de protección para directivos, colaboradores e instalaciones del semanario Zeta ante presuntas amenazas de la delincuencia organizada.
"No es la primera ocasión en que el reconocido semanario de Tijuana recibe amenazas de la delincuencia organizada", señaló la CNDH en un comunicado.
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El organismo indicó que tuvo conocimiento de diversas notas periodísticas que refieren al regreso de un presunto líder del crimen organizado a Tijuana a fin de reactivar su cártel y acabar con Zeta, un medio de comunicación con "amplia trayectoria y reconocimiento en esta ciudad fronteriza".
"No es la primera ocasión que ese semanario recibe amenazas, pues en noviembre del año pasado también se divulgó información relacionada con algunos integrantes de la delincuencia organizada que pretendían atentar contra dicho medio de comunicación", explicó.
Por este motivo, la CNDH solicitó "a las autoridades de aquella entidad implementar las medidas cautelares correspondientes".
El pasado viernes envió un oficio al secretario de Gobierno de Baja California para que, "de común acuerdo con los beneficiarios, se implementen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de los directivos y colaboradores del semanario Zeta", detalló el comunicado.
También "para resguardar sus instalaciones, además de garantizar el libre ejercicio de su actividad periodística".
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A inicios de abril, el diario Norte de Ciudad Juárez, en Chihuahua, anunció su cierre definitivo debido "a los peligros y condiciones adversas" para el ejercicio del periodismo en México.
Dicha decisión llegó después del asesinato en marzo de una de sus periodistas, Miroslava Breach, en un mes en el que otros dos reporteros fueron asesinados en distintos puntos de México.
"La libertad de expresión en México enfrenta desde hace muchos años una situación de especial gravedad ante las amenazas, atentados y homicidios cometidos en contra de periodistas en distintas regiones, por lo que todas las autoridades deben cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, investigación y sanción", remarcó la CNDH.
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