La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Secretaría de Educación Pública y a las demás autoridades educativas para que en la implementación medidas que adopten para garantizar la seguridad e integridad física de niñas, niños y adolescentes, como el llamado “operativo mochila segura” en instituciones y centros educativos se respeten sus derechos humanos y se atienda al interés superior que les asiste.
La CNDH consideró que las medidas a implementar deben tomar en cuenta la opinión y propicien la participación en las mismas de los padres de familia o tutores de los alumnos, garantizando del mismo modo, de conformidad con lo previsto en el Capítulo Décimo Quinto de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que los propios alumnos sean efectivamente escuchados y tomados en cuenta, por tratarse de un asunto de su interés.
La CNDH destacó que “no puede desatenderse por parte de las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, la necesidad de fortalecer las medidas de prevención para erradicar la violencia y construir una cultura de respeto y paz en nuestra sociedad, lo cual requiere que se contemplen los recursos necesarios para que la prevención y la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia sea posible”.
Para la CNDH, la seguridad en los centros escolares empieza desde los propios hogares de los estudiantes. Esa Comisión destacó que ha sostenido en otras ocasiones, que “las armas en las casas no son la solución a los problemas de inseguridad, razón por la cual, en caso de que existan, deberán ser resguardadas bajo estricta vigilancia, para prevenir que los menores de edad hagan uso indebido de ellas”.
Y agrega que desterrar la violencia y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad común, que demanda la actuación responsable y solidaria de autoridades y sociedad.