La defensa de los tres militares liberados por un tribunal federal ante la falta de pruebas por una supuesta ejecución extrajudicial, encubrimiento y modificación de la escena en el caso Tlatlaya, acusó al ombudsman Luis Raúl González Pérez de una “persecución y hostigamiento, personal y parcial”, para que los soldados sean declarados culpables por delitos que no cometieron.
Lilia Mariana García Sánchez, abogada de los elementos del Ejército, dijo que esta actitud coloca al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “en un verdadero Tomás de Torquemada”, y le exigió que “evite contribuir al clima de división y linchamiento mediático” para que las instituciones del país resuelvan en definitiva este asunto, porque su intervención puede influir en “el ánimo de la PGR y del juzgador”.
Afirmó que González Pérez viola la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen la obligación de toda autoridad a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas y su presunción de inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
En una carta entregada anoche en la sede de la CNDH, se refirió a las declaraciones públicas que ha hecho el ombudsman Luis Raúl González Pérez, a través de un comunicado de prensa y posteriormente en el programa En 15 con Carlos Puig en Notivox Televisión, en el sentido de que existen pruebas de que hubo ejecuciones arbitrarias de entre 12 y 15 personas el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
De acuerdo con la penalista, el ombudsman sostuvo que aquella madrugada hubo, además de la ejecución extrajudicial, una mala actuación de los militares porque manipularon el lugar de los hechos y torturaron a tres testigos sobrevivientes.
Sostuvo que la CNDH está obligada a tratar con igualdad a los tres militares y defender sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso.
Por el contrario, agregó, con las declaraciones del ombudsman, en el sentido de que la sentencia a favor de los soldados “genera la subsistencia de impunidad”, sólo desacredita las acciones de las instancias de procuración y administración de justicia.
Además de que pone en entredicho su práctica profesional como abogada de los tres militares liberados por el magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, Adalid Ambriz Landa.
La abogada manifestó que el presidente de la CNDH incurrió en contradicciones e intentó confundir con sus afirmaciones de que la PGR debe tomar en cuenta la recomendación 51/2014 (que hizo su antecesor) sobre el caso Tlatlaya.
“Su actitud ante esta resolución (libertad de los soldados) causa extrañeza, ya que en otros casos donde se ha decretado la libertad a personas involucradas en la comisión de un delito, por violaciones al debido proceso, ese organismo no se ha pronunciado al respecto, lo que se puede interpretar como una actuación de persecución y hostigamiento personal y parcial, ajena a los principios con los que se rige esa Comisión que usted preside, convirtiéndose en un verdadero Tomás de Torquemada”, se lee en el escrito.
