La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que las tres últimas detenciones por la desaparición de 43 normalistas, se inscriben en el avance del cumplimiento de dos de sus observaciones y propuestas formuladas a la PGR el 23 de julio pasado, identificadas con los numerales 5 y 23, contenidas en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”.
La pbservación y ropuesta número 5 se formuló con objeto de que la instancia ministerial procurara el cumplimiento de los mandamientos judiciales de detención y de que profundizara sus investigaciones para establecer la identidad de otros involucrados y, en su caso, consignarlos. La Comisión Nacional proporcionó a la PGR información detallada, complementaria y reservada sobre esta observación que no fue pública, a efecto de no entorpecer su realización.
En la 23, la CNDH propuso profundizar las investigaciones que permitieran conocer la estructura y el modus operandi (prioritariamente la colusión con autoridades) de la organización criminal Guerreros Unidos, concretamente en las ciudades de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero.
De acuerdo con las constancias del expediente del caso, a uno de los detenidos se le relaciona con la desaparición de los normalistas. Su captura permitirá, sin duda, avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pues se trata de la detención de uno de los 19 inculpados respecto de los que la Comisión planteó a la instancia ministerial federal determinar su participación criminal en los acontecimientos.
Las otras dos detenciones posibilitarán ahondar en las investigaciones para, de acuerdo a lo que este organismo planteó en la observación y propuesta número 23, conocer la conformación y el modo de operar de la organización criminal autodenominada Guerreros Unidos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que el cumplimiento de las observaciones y propuestas busca dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que, a su vez, son necesarios en la aspiración a la no repetición de los actos.
