El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 441 votos a favor y cuatro abstenciones un proyecto de reformas y adiciones a la ley antisecuestro para imponer una sanción de entre tres y seis años de prisión a quien simule por sí mismo o a través de otra persona su privación de libertad para obtener algún rescate o beneficio.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé actualmente un castigo de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad a quienes incurran en la referida simulación.
El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados subraya por ello la necesidad de establecer una pena corporal para disuadir esa conducta delictiva.
Adicionalmente, el proyecto aprobado por el pleno camaral aumenta de seis a ocho años de prisión la penalidad máxima para quienes simulen la privación de la libertad de una persona con la intención de conseguir rescate o beneficio.
La iniciativa originalmente presentada por el legislador panista Humberto Armando Prieto admite que si bien es cierto que la ley vigente señala una pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que simule la privación de la libertad, dicha sanción no es suficiente.
"Al manejarse sólo trabajo a favor de la comunidad como pena, estamos prácticamente invitando a la sociedad a que lleve a cabo este tipo de conductas, cuando la misión de los legisladores debe ser prevenir la delincuencia".
