Un juez federal otorgó amparos que ordenan a la Procuraduría General de la República dejar sin efecto el aseguramiento de 16 departamentos que se localizan en un complejo residencial de la delegación Álvaro Obregón y que pertenecen a empresarios del círculo cercano del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.
La resolución fue impugnada por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien comenzó una indagatoria contra los empresarios porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reportó 28 operaciones que pueden constituir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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De acuerdo con registros judiciales, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, determinó conceder la protección de la justicia a los quejosos, para que la PGR funde y motive por qué los inmuebles deben ser asegurados.
Entre los beneficiados con este amparo está Sergio Fuentes Calderón, administrador único de Constructora Enalser, compañía que edificó el inmueble en el que residía Marcelo Ebrard en el número 46 de la calle Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma Norte.
También los copropietarios de Círculo Promocional Gráfico, los hermanos Alejandro y Ernesto Castro García, así como el empresario Alejandro Ismael Herrera La Madrid.
Fuentes Calderón reclamó el aseguramiento de 12 departamentos de las Torres A y B, del Conjunto Condominal Magno “Tres Cumbres”, que está en Avenida de los Poetas número 89, colonia San Mateo Tlaltenango, delegación Álvaro Obregón.
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En el caso del propietario de Enalser, el juez ordenó dejar insubsistente el acuerdo de aseguramiento del 7 de diciembre 2015, dictado en la averiguación previa SEIDF/CGI/013/2015, para que la PGR emita un nuevo pronunciamiento y “motive adecuadamente la determinación adoptada y/o determine con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda”.
También se demanda que se le permita al quejoso comparecer voluntariamente ante el Ministerio Público de la Federación, para que le hagan saber sus derechos, en particular: “Derecho a que le proporcionen todos los datos recabados hasta el momento que faciliten su defensa y que consten en la averiguación previa para lo cual se le permitirá consultar el expediente en la oficina del Ministerio Público, en presencia del personal”.
Fuentes Calderón fue señalado en la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera como uno de los involucrados en los hechos posiblemente constitutivos del delito de 28 operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que derivó en la emisión del acuerdo ministerial de aseguramiento de 2015 de los apartamentos de los que es propietario, de acuerdo con los contratos de compraventa que exhibió durante la tramitación de este juicio.
nerc
