Por ley, las agencias de delitos sexuales en la capital del país están obligadas a dar a las víctimas “un trato digno, respetuoso y sensible, dadas las circunstancias por las que atraviesan”, a dar “asesoría jurídica y atención médica y psicológica”. Un escenario digno impulsado por el movimiento feminista durante años de lucha, pero que hoy, ante la realidad, obliga a preguntarse “¿en qué se convirtió el sueño?”
En un día común en las agencias, mujeres sostienen en sus manos los arrugados papeles de su denuncia y reclaman que dejaron libre a su agresor sexual; una abuela y su nieta de siete años, quien vivió un delito sexual, reciben un trato frío y esperan ser atendidas. Otra joven lleva cerca de seis horas en las instalaciones... No hay contención, ni privacidad, solo tensión, llanto contenido, frías instrucciones y horas, días quizá, de trámites.
La primera agencia se instauró en la capital en 1989, luego de que 19 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violación por escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo. Los hechos motivaron reformas al Código Penal Federal y el aumento de la sanción por delitos sexuales. Todo esto impulsado por el movimiento feminista, periodistas, académicas y defensoras.
Ellas se unificaron en organizaciones, como el Comité Pro Víctimas (1991), que tenía la facultad de vigilar el funcionamiento de las agencias especializadas.
Hoy en la capital funcionan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, regidas bajo el acuerdo A/002/2005, que emitió la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en 2005 para la atención a víctimas.
Este indica las diligencias estrictamente necesarias: canalizar a las víctimas al perito psicólogo y médico, como medidas inmediatas para atender lesiones y contención emocional. Luego, la declaración y el inicio de la averiguación previa.
DENUNCIA, UN LARGO DÍA
El proceso de denuncia le toma a la víctima un día completo, corrobora Cimacnoticias durante un recorrido por las agencias de delitos sexuales 1 y 6, ubicadas en Cuauhtémoc. En la 1, una joven de 17 años dice que había iniciado su denuncia a las 11 de la mañana, pero le habían dicho que ésta concluiría hasta las 10 de la noche. Procedía de Cuajimalpa, donde fue víctima de violación, y al llegar, el MP la cuestionó: “Tienes aliento alcohólico, ¿cómo querías que no te pasara?”
La perito en psicología de esta agencia explica que la valoración a la víctima tarda de una a cinco horas y el estudio médico depende del delito; “en caso de violación se necesita una revisión exhaustiva, pero por abuso sexual es un chequeo rápido”.
Aunque la normativa indica que el personal debe dar las “recomendaciones profilácticas para prevenir alguna consecuencia”, como infecciones de trasmisión sexual, una asesora jurídica en la agencia 1 indica que ésta no tienen facultad de contar con anticonceptivos de emergencia, “pero si la víctima los necesita, se llama al personal de la Clínica Condesa”.
Después, la policía de investigación intenta, con recorridos a la zona donde ocurrió el delito, ubicar al agresor, con retratos hablados. En caso necesario, se llama a peritos en química para recabar pruebas de sustancias y dar con el agresor.
Si la víctima es menor de edad, las agencias cuentan con áreas lúdicas para que estén más confortables, “con ellos hay un trato diferente”, asegura la perito. Pero la abuela de una niña de siete años, víctima de un delito sexual, dice que llevaban más de una hora de espera y nadie había trasladado a la niña a dicho lugar.
El reglamento de 2005 indica que todo el proceso judicial se tiene que realizar en “áreas exclusivas y privadas”, con personal del mismo género que la víctima. La abuela y su nieta hicieron la denuncia frente a las personas que esperaban y solo les dieron dos documentos que explican sus derechos como víctimas.
Irregularidades como estas ya han sido denunciadas. En el año 2000, unos 20 grupos civiles, como las Defensoras Populares y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos local una queja por tres casos en que las agencias no cumplían su función: no había manuales operativos, ni personal capacitado, faltaban médicos y psicólogas o se les negaba el servicio a las víctimas y recibían malos tratos.
La comisión emitió la recomendación 3/200 a la PGJ por “servicio ineficiente” y ésta la aceptó parcialmente, mejoró la infraestructura, el mobiliario, elaboró manuales operativos y capacitó a su personal. Se tomó por cumplida en 2005. En junio de ese año se publicó el acuerdo en la Gaceta Oficial. Hoy la evidencia revela que el acuerdo quedó solo en eso.
APOYO MÉDICO Y PSICOLÓGICO, A LA SUERTE
Finalizado el proceso en las agencias, las víctimas son dejadas a su suerte. Según el acuerdo, para recibir tratamiento integral (estudios, interrupción del embarazo y terapia psicológica) se les remite al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) y a la Clínica Especializada Condesa.
“No creo ir, debo trabajar porque tengo hijos que mantener”, comenta una mujer de unos 35 años, que horas antes, en la Agencia 6, denunció con otras seis haber sido víctima de violación por el mismo agresor, el cual fue liberado por “falta de pruebas”.
Otra comenta que era “posible” que asistiera al servicio médico por ser algo que “afecta su salud”; les dijeron que el agresor podría tener VIH. Ninguna iría a terapia, aseguran que no les importaba ese servicio, solo querían justicia y se quedaron afuera de la PGJ, gritando, desesperadas, “que vuelvan a arrestar al agresor”.
“No podemos obligar a las personas a atenderse en esos servicios”, indica la asesora jurídica; una vez canalizadas depende de ellas continuar con el tratamiento. La ley, efectivamente, no ordena ningún seguimiento, sino la “responsabilidad del agente del MP” de canalizar a la víctima y/o sus familiares o hacer de su conocimiento la existencia y servicios que brinda el CTA”.
En la próxima entrega sabremos del servicio que otorga el Centro de Terapia, instancia única que recibe todos los casos canalizados por las seis agencias especializadas de la capital.
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