Los defensores de oficio que tenían bajo su responsabilidad la representación legal de la familia de la pequeña Adriana Martínez Campuzano, una de las víctimas de Filiberto Hernández, multihomicida y violador, continúan trabajando para Gobierno del Estado; esto, a pesar que de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos y la madre de la víctima, mostraron desinterés, negligencia y descuido en el caso.
Patricia N. y Omar N. tenían en sus manos el expediente de la menor de trece años violada y asesinada pero se desatendieron del tema y no se enteraron de que el Juez Primero del Ramo Pena con sede en Ciudad Valles dictó auto de libertad en favor del asesino, Filiberto Hernández Martínez.
Patricia fungía como asesora jurídica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito hasta que ésta pasó a convertirse en Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas del Delito a mitad del año pasado. Regresó a su plaza en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En tanto, Omar, continúa desempeñándose como asesor jurídico de víctimas en el CEAV en el municipio de Ciudad Valles pese a su mal desempeño en el caso de Adriana Martínez Campuzano.
Los dos abogados no estuvieron presentes en distintas etapas del proceso que llevó el Juzgado Primero del Ramo Penal, lo que motivó que todas las actuaciones fueran a favor del criminal al que al final le fue concedida la libertad.
El asesino continúa preso sólo porque aún tiene pendientes cuatro casos más por violación y feminicidio.
La indebida actuación se dio entre 2014 y 2015, cuando la dirección general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas estaba a cargo de la actual diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Martha Orta.
La doctora Gloria Serrato, una de las tres integrantes de la Comisión Ejecutiva, reconoció que ésta instancia creada a final de 2015 no recibió de la anterior directora ningún informe sobre casos especiales que estaban en curso. Tampoco se dejó algún expediente con documentos sobre el estatus que en ese momento guardaban muchos casos de violencia, femincidios y/o violaciones sexuales.
En ese sentido, reconoció que esa instancia del gobierno estatal si descuidó los casos relacionados con el multihomicida.
Así, están a la espera de las recomendaciones que en breve emitirá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que también detectó el mal desempeño de la Procuraduría General de Justicia, el Ministerio Público y los defensores de oficio de la Comisión de Atención a Víctimas.
Gloria Serrato dijo que por lo pronto se solicitará al juez la reposición del procedimiento mediante el que se concedió la libertad al criminal y ofreció que ahora se atenderá mejor que en la última vez.
Entre tanto, el procurador de Justicia del Estado, Federico Garza Herrera, aseguró que el ex militar feminicida no saldrá de prisión porque tiene cuatro procesos penales pendientes por resolverse y que corresponden al resto de sus víctimas.
Indicó que el Ministerio Público si aportó pruebas, pero con el actual sistema penal ya no es suficiente con la confesión de un inculpado.
ERM
