En momentos de auténtica crisis y ausencia del gobierno de México, es el momento de la solidaridad empresarial y de recurrir al protagonismo del gobierno de los estados. Cuando la discusión de un plan generalizado para apoyar la recuperación de las empresas y el empleo (especialmente Pymes), se ha vuelto un diálogo entre sordos entre Andrés Manuel López Obrador y los organismos cupulares empresariales, pues el autor de la 4T considera que rescatar empresas implica volver al antiguo modelo neoliberal de privilegios, AMLO confunde la gimnasia con la magnesia, pues hay que distinguir entre medidas singulares y disposiciones de carácter general de rescate a las empresas, por lo que los empresarios y los gobiernos de los estados deben pensar en escenarios fuera de la caja. Y para ello es bueno voltear a la regulación de otros países que han pasado ya por situaciones de crisis generalizadas.
En algunos países de la UE, el proceso de recuperación de empresas se instrumenta a través de algunas de estas medidas: el acuerdo de acreedores, la reestructuración financiera y la gestión controlada. En todos ellos la mayoría requerida para su aprobación es de al menos del 75% de los acreedores de los créditos reconocidos (tanto comunes, como preferentes), con la posibilidad de oposición judicial en ciertos casos.
El acuerdo de acreedores deja de ser considerado como mera medida suspensiva o preventiva de la liquidación del patrimonio del deudor, para convertirse en un instrumento jurídico de recuperación de empresas económicamente viables. La reestructuración financiera consistiría en medidas de saneamiento financiero aprobadas por los acreedores, con el fin de reestructurar al deudor, a fin de alcanzar una situación de patrimonio real y fondos de capital de trabajo positivos.
Sólo la gestión controlada supondría la sustitución del empresario por un gestor judicial, con aprobación de un plan de rescate temporal, aprobada por los acreedores, de duración flexible. La renegociación de deudas se entendería con la intención de que el deudor pudiera recuperarse en un plazo de 10 años. El plan de saneamiento equivalente podría ser aprobado por expertos designados por las asociaciones patronales de los estados.
Estas medidas tendrían un menor costo administrativo que la gestión controlada de los concursos mercantiles en México, ya que la reestructuración financiera comprendería actuaciones más simples, de ejecución inmediata o a corto plazo, y por ello no habría necesidad de sustituir al administrador de la empresa ni de elaborar siempre un plan global de rescate de la actividad empresarial. La prioridad de las medidas de recuperación empresarial se ampliaría con una serie de incentivos fiscales, incluyendo la posibilidad de formalización de las empresas informales.
Estos mecanismos se podrían instrumentar a nivel estatal mediante procesos de suspensión de pagos establecidos en sus códigos civiles– supletorios de la materia comercial que es de competencia federal- al que podrían acceder las empresas mediante un proceso jurídico de transformación de sociedad mercantil a sociedad civil para esos efectos. Con ello se lograría un marco jurídico para los estados con objeto de proteger al empleo y a las empresas, sin depender de la la lentitud de López Obrador. Habría que convocar a los secretarios de desarrollo económico de los estados para estudiar tales propuestas.
* Máster y Doctor en Derecho Económico. Profesor Investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío y miembro nivel I del SNI. Autor del libro Competencia en tiempos de crisis.
