La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en torno a temas de trascendencia y vincula a la ciudadanía en el debate nacional y las decisiones de la política pública.
La Constitución señala la validez de las consultas populares y las sujeta a ser convocadas por el Congreso a petición del presidente o a solicitud del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras y aprobadas por la mayoría.
También podrán pedirlas el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y para que sea aprobada deberá tener el voto de 40% del padrón electoral.
Ante esto, la Suprema Corte debería resolver su constitucionalidad y posteriormente el Instituto Nacional Electoral toma la organización.
El próximo primero de agosto se celebrará por primera vez una consulta popular para saber si se juzgará a ex funcionarios, entre ellos, los ex presidentes de la República.
Los expertos garantizan que no hay un mexicano que no desee juzgar a los corruptos, lo que hace inútil esta consulta, por ello ese tema no es referente a la percepción ciudadana, sino que es un acto político electoral para desviar la atención de las crisis económica y de salud y la falla en la estrategia política de la administración del gobierno federal.
Además, la consulta pone en riesgo la credibilidad de la Corte sobre su capacidad de juzgar a los delincuentes sin consulta popular.
En realidad va a servir para medir el capital político de Morena y la aprobación de la estrategia de gobierno del presidente.
Se augura su fracaso porque no acudirá el 40 por ciento de los votantes que se requieren para su validez.
Sarkis Mikel Jeitani
