La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su análisis de acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila ha dejado a medio país impactado y a otro tanto sin capacidad de argumentación y de respuesta.
Esta demanda feminista tiene décadas exigiéndose y ningún gobierno quiso atenderla -a excepción de la Ciudad de México en su momento-.
La vía política-gubernamental y la vía legislativa han mantenido las vindicaciones de las mujeres en una nebulosa postergación.
Los derechos sexuales y reproductivos en específico siempre fueron considerados deporte electoral de alto riesgo.
Ningún partido quería pronunciarse sobre el asunto ni en campaña ni mucho menos en la agenda legislativa.
Este debate, donde pocos personajes políticos intentaron incidir sin mayor impacto, tiene relativamente poco.
¿Fue la mejor vía atender una demanda de salud pública por la vía legal-penal? Considero que no.
En todos niveles (federal, estatal y municipal), el poder ejecutivo, el poder legislativo y por ende, los partidos políticos no están a la altura, era su trabajo y no lo hicieron.
Los intereses partidistas, morales, personales y privados predominan en la agenda política gubernamental y en el diseño de las leyes que nos rigen y que ahora vemos, están por encima de los derechos humanos.
Esta solicitud fue señalada por el Comité CEDAW al Estado mexicano en reiteradas ocasiones y en específico en su informe “México ante la CEDAW” (2012) en el apartado de Salud (Párr.. 30) donde se le recomienda al Estado que “Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité”.
En pocas palabras, era chamba del Legislativo. En esta ocasión el Poder Judicial ha salido al quite.
@incidefemme
