En la edición de ayer en Notivox Jalisco se publica un pronunciamiento “Sobre el Estado Laico y los Derechos Humanos” de cuatro importantes universidades públicas [Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Nuevo León]. Dicha manifestación es absolutamente loable y muy legítima. La compartimos cientos de miles de universitarios de todo el país y también de otras comunidades académicas y estudiantiles. En tal sentido se pronunció claramente el Colectivo de Reflexión Universitaria [CRU–UdeG] en estas páginas de Notivox en Los Correos del Público [17/08/2016] “En defensa de nuestro Estado Laico”: el CRU “expresa su rechazo a esta embestida de las cúpulas ultraconservadoras y exige a la clase gobernante cumpla con lo que marca la Ley y sobre todo anteponiendo una Visión de Estado”. El pronunciamiento de ayer está firmado por los rectores de estas universidades y constituye un aval a favor de la equidad de géneros y de los matrimonios igualitarios como expresión de los derechos humanos universales inalienables. El inicio del breve manifiesto se sustenta en el artículo 3° constitucional, uno de cuyos valores esenciales relativos al espíritu de la educación pública es “el respeto a los derechos humanos”: “El estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas, en la medida que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto la diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir de una ética que se sustenta en los derechos humanos. Por ello, un estado laico y democrático debe asegurar los derechos de todos… las instituciones firmantes compartimos una posición firme de respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos…”
Todo esto estaría muy bien a condición de que nuestras instituciones educativas superiores públicas –bastiones del conocimiento científico y de la cultura, algunas de ellas representativas del pensamiento crítico– fuesen realmente democráticas y respetuosas de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. La universidad como conciencia social crítica es un objetivo por lograr en términos de un verdadero espíritu del papel de la educación pública superior; en otras palabras, el Ethos universitario, como conjunto de principios y valores ético–morales, en tanto principios rectores que conforman el carácter de la vida universitaria y su compromiso social es algo por conseguir como un fin en sí mismo para beneficio de la institución misma y de la sociedad. La cuestión es que muchas universidades públicas están regidas por verdaderas mafias, camarillas y grupos de poder opuestos en los hechos a todo principio rector democrático y de respeto a los derechos humanos laborales, como es el caso de la Universidad de Guadalajara.
El miércoles 14 de septiembre se realizó el “Foro por el Derecho a la Libertad e Igualdad” en el Paraninfo de la UdeG. Tal iniciativa de reflexión es muy plausible, pero una de las organizaciones convocantes carece de toda autoridad moral y política para presentarse como adalid de la libertad e igualdad democrática como es el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara [STAUdeG], el cual funciona como sindicato blanco, es decir, un sindicato patronal en manos del cacique Raúl Padilla López, quien quita y pone a los “dirigentes” del gremio. Tal sindicato no defiende para nada a sus agremiados a quienes se les descuenta religiosamente su cuota sindical pero nunca son protegidos en contra de las arbitrariedades de las autoridades universitarias como es el caso del despido absolutamente injustificado, ilegal, autoritario y humillante de la maestra Ana Luisa Estrada Salgado, a quien se le exigió, para restituirle sus clases, pedir perdón a tales autoridades, algo inaudito para una universidad que se jacta de respetar los derechos humanos. El caso de esta maestra del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño [CUAAD] no es el único, hay otros más a quienes igualmente se les exige de manera humillante pedir perdón a las autoridades para recuperar su docencia. El sindicato tuvo conocimiento de este agravio y, por supuesto, no le interesó defender consecuentemente a la maestra, no obstante que reconoció las flagrantes irregularidades o violaciones contractuales laborales del despido. El caso se turnó a la Comisión Mixta de Regularización y Estabilidad Laboral, la cual es una grotesca simulación de negociación entre el sindicato y autoridades. Tal Comisión, que debería decidir por cuenta propia, a final de cuentas depende de la decisión de la propia autoridad burocrática universitaria, algo absurdo y aberrante. Entonces, ¿Para qué sirve este sindicato? Pues sirve como instrumento de control corporativo autoritario caciquil de los más de diez mil docentes, a quienes a la mayoría de ellos como maestros de asignatura contratados temporalmente se les intimida con el despido si no se disciplinan de manera sumisa vergonzante.
Ni el secretario general del STAUdeG, Enrique Velázquez, ni el rector general de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, y mucho menos el cacique empresario de esta institución, Raúl Padilla López, tienen ninguna autoridad moral y política para aparecer como defensores de los derechos humanos de ninguna especie. Las autoridades universitarias violan impune y cínicamente sus propios reglamentos contractuales laborales. Todo queda en una mera retórica demagógica, la cual aparenta una preocupación o un compromiso por la defensa de los derechos humanos. El rector Bravo Padilla dice refrendar el compromiso de contribuir a la libre discusión, pero no quiere ver ni escuchar a los maestros democráticos ¿Hasta cuándo? La necesidad de crear un ombudsman universitario es urgente.
