La consulta popular en torno al pacto fiscal prácticamente se encuentra a la mitad y el día de hoy se dará a conocer el número de ciudadanos que acudieron a opinar el pasado fin de semana. Al parecer los esfuerzos de divulgación sobre la materia de la convocatoria han resultado limitados y pareciera que aún los ciudadanos no acaban de comprender los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los recursos recaudados por concepto de impuestos.
Por ello, me parece que vale la pena recordar algunos aspectos básicos sobre la cuestión. En general, los estados federales cuentan con sistemas de transferencias, en los cuales se determina cómo se transfieren los recursos de un orden de gobierno a otro. Tales transferencias tienen dos finalidades: por un lado, reducir la brecha entre los ingresos y las necesidades de gasto de los gobiernos de las entidades federativas; y por el otro, reducir sus diferencias en términos de ingresos y gastos.
En México las transferencias más importantes son las aportaciones y las participaciones. Las primeras son transferencias condicionadas, esto quiere decir que su destino está previamente determinado. En tanto que las participaciones que son transferencias no condicionadas, lo cual significa que el receptor es quien decide cómo gastarlas.
Ahora bien, las participaciones buscan resarcir a las entidades la parte que aportan a la riqueza nacional (criterio resarcitorio), mientras que las aportaciones buscan reducir las desigualdades entre ellas dando más recursos a las más rezagadas (criterio solidario). Se han realizado críticas a las fórmulas que determinan su distribución porque no cumplen cabalmente con sus respectivos criterios. Por lo tanto, es preciso revisar las fórmulas de distribución para cumplir de mejor manera con ambos criterios.
Por otra parte, me parece que el debate debe considerar el desempeño de las entidades federativas con relación a la recaudación de los impuestos propios y el manejo de la deuda pública, así como se debe discutir a partir de un compromiso claro con los ciudadanos para lograr un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.
