Junto con la legalidad, la integridad y la rendición de cuentas, la transparencia constituye uno de los principios institucionales que, invariablemente, deben regir la actuación de cualquier gobierno y administración pública que se precie de ser democrático, y que se desprenden de los principios constitucionales del Estado.
Particularmente la transparencia “refiere a la obligación de los dirigentes de ofrecer información (datos) y dar a conocer a las autoridades superiores, a los miembros de la organización, a los interesados en su desempeño y al público ciudadano en general los puntos relevantes que implica el proceso de la decisión directiva, su contenido, los participantes en la decisión, las opciones que se examinaron (los asuntos abordados, los objetivos proyectados, la población destinataria, las acciones y costos), así como informarles sobre la cantidad y uso de los recursos públicos asignados y utilizados, sobre los procesos gerenciales que se practican…” (Aguilar, 2019).
Desde esta perspectiva, la señal enviada por el presidente de la República con la publicación del nuevo decreto por el que se declaran asuntos de seguridad nacional e interés público además de las obras, la operación y mantenimiento de los proyectos prioritarios que viene realizando en la región del sureste (Notivox JALISCO, 19 de mayo), resulta a todas luces contraria a los principios de actuación que son deseables y exigibles a cualquier gobierno democrático.
Aunque al momento de escribir esta colaboración aún está por verse lo que la Suprema Corte de Justicia resolverá respecto a los alcances de su resolución en contra del acuerdo presidencial previo, me parece que lo más delicado es el excesivo involucramiento de las fuerzas armadas en este tipo de asuntos (el nuevo decreto fue firmado por sus titulares en su calidad de responsables de la construcción de los proyectos presidenciales), toda vez que cualquier exigencia respecto del cumplimiento de tales principios, puede desvirtuarse y derivar en críticas hacia miembros de las corporaciones castrenses con la consecuente afectación a la bien ganada legitimidad institucional de la que gozan las fuerzas armadas.
