A un mes de la jornada electoral ya se vislumbran algunos signos inequívocos de los vientos de cambio que soplan sobre la dinámica de los gobiernos, tanto del orden federal como en el orden local, motivados por ese incuestionable mandato de continuación expresado en las urnas el pasado 2 de junio a favor de la cuarta transformación.
Tanto por la cantidad de instituciones referidas en el plan C como por el calado de algunas de las reformas que a lo largo de estos primeros 30 días han sido referidas en los medios de comunicación, podemos afirmar que nos encontramos frente a una auténtica reconfiguración del Estado mexicano que dará paso a algo completamente distinto a lo conocido hasta ahora. Hacer caso de esa machacona simpleza con la que se ha insistido en equiparar al régimen promovido bajo los principios de la Cuarta Transformación con el régimen ya ido que se impulsó al amparo del Partido Revolucionario Institucional es renunciar a nuestra capacidad analítica. Lo mismo ocurre con las voces de alarma que advierten de las pretensiones por reproducir en México regímenes que se aproximan a la experiencia cubana o venezolana.
La complejidad por caracterizar la naturaleza del régimen que se vislumbra obedece a la diversidad de cambios que se pretenden alentar, casi simultáneamente, para hacerlos pasar como el “personalísimo legado” del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de reformas promovidas a tres niveles. Por supuesto, las reformas que han ocupado mayormente los espacios de información y análisis son las que implican modificaciones constitucionales como lo es la reforma al poder judicial de la federación y las consecuentes que se deriven en los ámbitos locales de impartición de justicia. Luego tenemos las reformas al régimen político como es el caso de las modificaciones anunciadas con el propósito de reducir lo mismo el financiamiento público a los partidos políticos como la reducción de integrantes que componen hoy a las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y no menos importantes son las que se han anunciado a nivel de la administración pública federal. En suma, son pretensiones de cambio sin precedentes.
