La opinión de mi amigo y periodista Enrique Toussaint publicada el sábado pasado en este mismo medio de comunicación, con motivo de la prisión preventiva recientemente dictada por un juez como medida cautelar al ex presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en tanto se desahoga una segunda audiencia y se resuelve su situación jurídica respecto de la carpeta de investigación abierta en su contra por el presunto uso indebido de atribuciones, no tiene desperdicio alguno.
De las diversas aristas comentadas por él, quiero centrarme a la que refiere la estrecha relación entre los códigos éticos que deben imperar en dos ámbitos profesionales aparentemente contradictorios: el del derecho y el de la comunicación. Por supuesto que coincido en que “ningún analista, académico o periodista debe reemplazar al ministerio público o a los jueces. El caso de Ayón y del resto de ex funcionarios de pensiones, debe ser litigado en los tribunales y no en los medios de comunicación. Todos, absolutamente todos —por muy poderosos que sean—, gozamos de la presunción de inocencia”. (Notivox JALISCO, 30 de julio, pág. 11).
Tanto al juez como al periodista les mueve una ética profesional que busca develar la verdad sobre un acontecimiento en particular y, para ello, ciertamente se requiere ejercer con libertad su respectiva profesión. La relevancia de ambas profesiones puede apreciarse mejor si se entienden como pieza clave en la construcción de ese pasillo estrecho como le han llamado Acemoglu y Robinson, para referirse a la manera en que la sociedad se implica en política para procurar el equilibrio de poder con el Estado y, advierten: “lo que hace que esto sea un pasillo y no una puerta es que lograr la libertad es un proceso” (2019, pág. 11).
Por ello, un flaco favor se le hace al ejercicio de ambas profesiones cuando al amparo de la libertad de expresión se realizan declaraciones, se emiten opiniones o se filtra información que, eventualmente, puede llegar a afectar el curso de un investigación, ya sea de índole judicial o periodística. Vista así, la prudencia declarativa suele ser una buena práctica profesional.
Roberto Arias de la Mora
