Si se tomaran en cuenta los 2,471 municipios que hay en México, junto con los 4,100 notarios que reporta el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, a cada municipio le corresponderían 1.7 notarios. Nada mal si se piensa en la famosa frase “ante Notario” que es conocida por todo mundo como argumento para ofrecer certidumbre de lo que se diga o haga. Sin embargo, hoy por hoy es una frase que en sentido estricto muchas ocasiones parece no cumplirse. En la práctica, la gente que acude a una notaría muy pocas veces conoce a quien ostenta la patente notarial. Lo atienden más bien un grupo de abogados, pasantes o administrativos quienes, cobran, leen, cotejan y verifican información.
No es nuevo escuchar que la tecnología llegó al mercado de la fe pública. Muestra de ello es la viabilidad para celebrar actos de compraventa inmobiliaria de forma 100% en línea (asistiendo virtualmente), sin que las personas tengan que presionarse por tener que ir a la notaría o más aún, de encontrar agenda disponible. No obstante, esa posibilidad ha desatado una ola de cuestionamientos vinculados a su probable ilegalidad. Desconfianza que curiosamente no proviene de usuarios que pagan por el servicio o de la autoridad que recaba impuestos. Viene del gremio que ha estado en alerta desde que surgieron los primeros actos notariales remotos.
Y es que cualquiera pensaría que mejorar la calidad del servicio notarial es una prioridad hoy que la tecnología no da tregua en el alcance de nuevas soluciones; sin embargo, al parecer la preocupación nada tienen que ver con legalidad de esas soluciones y sí más con la transparencia de algo que de alguna manera todo mundo sabe: cumplir con la presencia física y real del notario ante actos o hechos que demandan su atestiguamiento; que se encuentre presente en todas y cada una de las videollamadas con sus clientes.
Esto es solo el principio de una discusión que categóricamente han tenido otras áreas por el bien de la prestación de servicios en las que al final no hubo más que la adopción de soluciones tecnológicas. Estamos ante el inicio de un cambio de paradigma que el gremio debería impulsar para eficientar y pavimentar el camino de la certidumbre de muchas personas que de lo que hoy están ciertas es del impacto a su tiempo, dinero y burocracias que bien podría ser reducido con el aprovechamiento de esas soluciones.
La tecnología es cada vez más cercana a la manifestación de voluntad de las personas y, cuando se acaben los pretextos (porque va a suceder y es cuestión de tiempo), habrá un punto de rompimiento en el mercado de la fe pública entre quienes se resisten y quienes sí trabajan, se preocupan por los ciudadanos (sus clientes) y que están al pie de sus negocios. Se verá quienes son verdaderamente merecedores de ostentar una patente. Será interesante ver para cuántos municipios alcanzará una fe pública más funcional y abierta a la tecnología.
Ricardo Corona
