En la investigación ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la fallida operación "Rápido y Furioso" (2009) del gobierno de EU con el tráfico de armas, dos poblanos están bajo investigación.
Se trata de Facundo Rosas, entonces comisionado General de la Policía Federal (2009), durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; en 2011, Rosas fue a secretario de Seguridad Pública del Estado en la administración morenovallista.
El otro poblano investigado es Ardelio Vargas Fosado, quien fue jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), bajo las órdenes también del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en EU.
Vargas es actualmente el asesor de cabecera del Sistema de Seguridad Pública estatal del gobierno de la Cuarta Transformación.
Ambos, Rosas y Fosado, no por declarar ante la FGR los hace delincuentes, pero nada tienen que ver sus comparecencias con los presuntos negocios de García Luna con Osorio Chong, secretario de Gobernación en el sexenio peñista.
López Obrador le ordenó al canciller Marcelo Ebrard que pidiera al gobierno de EU se investigara la operación "Rápido y Furioso", y exhortó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, mandara a declarar a quienes pertenecieron al gabinete de seguridad calderonista.
La operación “Rápido y Furioso” la inició la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, para vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera mexicana, con el objetivo de poder rastrearlas, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que después van a dar a manos de narcotraficantes. El operativo en México inició en 2009, pero el escándalo estalló en 2011, luego del asesinato de un agente estadunidense en el noreste mexicano con un arma introducida desde ese país.
El primero en declarar ante la Seido de la FGR por el fallido operativo "Rápido y Furioso" fue Facundo Rosas, luego de entregar un oficio de desistimiento de un amparo que había promovido, como un derecho jurídico.
Ubicado para recibir el citatorio del MP, porque su domicilio y movilidad es pública, trascendió que el ex funcionario federal acudió a atender el citatorio, luego de cumplir con lo que mandata la ley como derecho constitucional al comprobar que no hay otro requerimiento judicial.
Se prevé que Vargas sea requerido por la FGR para que declare lo que sabe del operativo "Rápido y Furioso", sin ninguna relación con los negocios de García Luna; el simple hecho de comparecer ante una autoridad federal, no lo hace delincuente.
