Según un estudio de la UNAM denominado “Estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de justicia ofrecido por los órganos de impartición de justicia en México”, en dicha investigación las personas entrevistadas dan una calificación a los ministerios públicos de 5.5 sobre 10, esto es, dichos funcionarios están reprobada, y es que los mexicanos caracterizamos a los Ministerios Públicos y Jueces como: corruptos, ineficientes, ineficaces.
No pasa un sólo día en que escuchemos que la delincuencia afecta las fibras más sensibles de las familias mexicanas. Conocemos casos de delincuentes que atentan contra la ley, sin embargo, al siguiente día de su detención ya están delinquiendo en las calles, producto de ministerios públicos ineficientes e ineficaces, policía mal capacitada y, jueces que son corrompidos y comprados con dinero. Sabemos de la existencia de invasores de terrenos que se asientan en la propiedad de otros y disfrutan del usufructo de una propiedad que no les corresponde por legítimo derecho, sin embargo, no existe autoridad que los desaloje, manteniendo en la indefensión a los legítimos propietarios.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Bahías de Huatulco, me encontré con un grupo amplio de vecinos en manifestación pacífica frente a las oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia de dicha demarcación. Me mostraron un expediente resultado de varios años de lucha pacífica frente a la inoperancia del Poder Judicial en Huatulco, Oaxaca; y a la incapacidad de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en el desarrollo turístico.
Existen casos que debería avergonzar a quienes se dicen defensores de la justicia, Ministerios Públicos que encarpetan las indagatorias penales por instrucciones políticas, aun cuando ello esté en contra de los derechos de los ciudadanos que acuden en demanda de procuración de justicia. Los despojados de sus terrenos en Huatulco, exigían a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, intervenir en las acciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz, Huatulco, cuyos integrantes del poder judicial no se han atrevido hasta el momento a emplazar a juicio a los invasores de predios del sector H3, cuyos legítimos propietarios fueron despojados de sus terrenos, particularmente defienden su legítimo derecho de propiedad de una parte del Polígono cuatro del Sector H3. Dicho problema está creciendo como bola de nieve y es que, después de años de lucha siguen sin tener justicia, viven en medio de un estado sin derecho y, en completa indefensión judicial, no han logrado hasta el momento que las autoridades tanto ministeriales como judiciales los restituyan en sus derechos patrimoniales afectados por la acción delictiva de los usurpadores.
Lo anterior es un caso entre cientos que existen en todo el país. Órganos de procuración e impartición de justicia que muestran rezago, inoperancia y, compromiso con aquellos que pueden comprar a la justicia.
Recordarles a los ministerios públicos, jueces y magistrados del Poder Judicial de Oaxaca y de todo el país que sin justicia no hay paz ni tranquilidad social y, si hoy no hacen justicia, mañana pueden ser presa de la delincuencia, la cual puede robar su tranquilidad, sus bienes o algo más delicado, su propia vida.
En el municipio de Huatulco, habitantes despojados de su patrimonio a mano de verdaderos delincuentes llamados invasores, hoy exigen en ese pequeño territorio mexicano se aplique la ley; se corrija el rezago judicial; se genere justicia, pronta, completa, expedita, imparcial y gratuita. Una exigencia que se repite en muchas otras regiones del país, pero en Oaxaca las invasiones están a la orden del día, por una simple razón, no hay aplicación de la ley en los términos señalados en la constitución mexicana. Cuando a un invasor no se le aplica la ley, lo vuelve a hacer y, el problema se extrapola para las autoridades judiciales e inclusive, llega a rebasar su capacidad de respuesta.
Si queremos un país justo, necesitamos entre otras muchas acciones transformar al poder judicial, necesitamos hacer valer la ley, requerimos una verdadera transformación de quienes se dicen defensores de la ley, a fin de que brinden a las justiciables tutelas jurisdiccionales efectivas, derecho garantizado en nuestro Constitución y en nuestros principios de libertad y justicia.
