El pasado 2 de diciembre se conmemoró el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Sin embargo, la esclavitud persiste, se aferra, sobrevive a costa de la libertad y los derechos de millones de personas en el mundo.
Declaraciones de abolición, instrumentos internacionales, legislaciones nacionales e instituciones, creadas a lo largo de más de cien años no han logrado erradicar esta práctica inhumana.
La esclavitud tradicional, como sistema de trabajo permitido por la ley, ha sido abolida en todas partes, pero no ha sido suprimida, puede leerse en documentos de la ONU.
Abundan los tratados internacionales que la condenan y ofrecen protección para las potenciales o actuales víctimas: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de los Niños...
Recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado un nuevo protocolo jurídicamente vinculante con el fin de fortalecer los esfuerzos a escala mundial para eliminar el trabajo forzoso, que se prevé entrará en vigor en noviembre de 2016.
Sin embargo, la esclavitud persiste, atenaza, lastima y arrebata el tiempo de la vida de 21 millones de personas, de las que 11.4 millones son niñas y mujeres y 9.5 millones niños y hombres, según cálculos de la OIT. Alrededor de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos y empresas privadas y más de dos millones por algún Estado y grupos rebeldes.
Si por el marco jurídico internacional y nacional fuera, ya no habría esclavitud.
Pero hasta ahora ha sido más fuerte y eficaz la obstinación de unos cuantos que se benefician con crueldad de someter a otros seres humanos. Se fincan fortunas y se acumulan patrimonios exorbitantes a la sombra de la explotación, la que genera unos 150 mil millones de dólares de ganancias ilícitas.
Como una gigantesca red de violencia, amenaza, engaño, coacción y explotación, la esclavitud ha tomado diversos formas, pasando de la esclavitud tradicional y la trata de esclavos, a diversos abusos como la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía, la explotación del trabajo infantil, la mutilación sexual de niñas, la utilización de niños en los conflictos armados, la servidumbre por deudas, la trata de personas y la venta de órganos humanos, la explotación de la prostitución y ciertas prácticas del régimen de apartheid.
Cambia de formas para persistir, mientras la comunidad internacional y los Estados nacionales van tras ella para contenerla (o para cubrir el expediente de que así parezca).
Pero 21 millones de vidas son muchas para suponer que lo estamos logrando.
En México existe, desde luego.
Casos exitosos de detección de explotación confirman la prevalencia de formas de esclavitud en nuestro país.
En 2006 se detectó que 300 personas de origen chino laboraban en situación de trabajo forzoso, con jornadas de seis de la mañana a 10 de la noche y con un supuesto pago de dos salarios mínimos que en realidad se reducían a 50 pesos a la semana por castigos y multas absurdas.
En 2015 autoridades federales y estatales liberaron a 121 mujeres y nueve hombres que trabajaban en la fabricación de prendas de vestir en condiciones insalubres y jornadas extenuantes, así como a 270 jornaleros que eran explotados en campos de cultivo.
Muestras solamente de una práctica inaceptable que en México, como en el mundo, se resiste a ser erradicada.
Aunque siempre será bienvenido el perfeccionamiento de las legislaciones y la ratificación de tratados internacionales, ahora lo urgente es poner énfasis en que la solución está en sistemas de prevención y de procuración de justicia y judiciales eficaces. Se trata de voluntad política. De compromiso. De ser capaces, todos, Estados y ciudadanos, de indignarnos frente a la esclavitud y combatirla. Los servidores públicos responsables de prevenir, investigar y castigar la esclavitud en cualquiera de sus formas deben poner en ello su mayor empeño. Hay responsabilidades que deben asumirse como una causa humana y que van más allá del cumplimiento de un trabajo.
***
*@mfarahg
Especialista en derechos humanos y secretario general en la Cámara de Diputados.
