Todo avance social o tecnológico de la humanidad ha involucrado fuertes resistencias dogmáticas que tienen en común un elemento de fanatismo, así como nulo análisis. La cura contra el fanatismo es una fuerte dosis de argumentación, respaldada por datos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto la semana pasada las acciones de inconstitucionalidad presentadas en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la estatal de Nuevo León, al invalidar el artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la porción normativa que buscaba “proteger la vida” desde la “concepción” y “hasta la muerte natural”, misma que fue reformada en 2019 por una legislatura muy limitada, en un claro retroceso en el avance del pensamiento humano.
Por votación de 10 ministras y ministros, contra 1, se declaró la inconstitucionalidad de la redacción del antedicho precepto, no obstante, el gobernador Samuel García ha mantenido la redacción de este artículo en su propuesta de nueva constitución “con visión de futuro para Nuevo León”.
Para poder estar en posibilidades de comprender a profundidad el tema del aborto tenemos que entrar a la conceptualización correcta y a establecer el diagnóstico de la situación.
En primer lugar, resulta erróneo identificar como “pro aborto” a los gobiernos (de izquierda y de derecha) humanistas con verdadera visión de futuro que eliminaron de su normativa penal la criminalización de la mujer que decide sobre su propio cuerpo.
Entre estos países se encuentran Suecia, Inglaterra, Suiza, Francia, China, Japón, Canadá, Chile, Argentina, Croacia, Colombia, Finlandia, India, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Austria, Luxemburgo y hasta Irlanda.
Asimismo, la corriente política que ha abogado por penalizar y criminalizar a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo, estigmatizándolas y juzgándolas, se ha autodenominado “pro vida”. Esto es una falsedad e hipocresía.
Con actitud digna de la inquisición, juzgan sobre una cuestión que no conocen y menos cooperan a resolver. Entre estos países se encuentran Iraq, Egipto, Haití, Honduras, Nicaragua, Senegal, Sierra Leona, Jamaica, Madagascar, El Salvador, República Dominicana, El Salvador, Filipinas, Andorra, Malta, Aruba y Curazao.
En todas estas naciones se criminaliza y penaliza a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo.
Los países y las 8 legislaturas locales mexicanas que eliminaron del código penal criminalizar a la mujer por decidir sobre su propio cuerpo, tomaron en consideración una estadística simple: cientos de miles de mujeres fallecen a nivel mundial por realizarse un aborto clandestinamente en condiciones inseguras, al no ser ofrecido este servicio por las instancias públicas o privadas de salud.
Hay un hecho comprobado ampliamente: el tener como delito el aborto no inhibe su conducta. Es decir, las mujeres que están gestando y no es de su libre voluntad la maternidad, van a buscar la manera de abortar.
Existen cientos de millones de niñas y niños a nivel mundial que nacieron y que se encuentran en casas de adopción, o peor aún, desamparados en la calle o en la desolación. Miles mueren por no tener el cuidado que requieren.
Muchos niños fueron abandonados por una madre y un padre forzados a gestarlos en contra de su voluntad.
Los que abogamos por eliminar el delito del aborto y permitir a la mujer abortar hasta la semana 12 de gestación, entendemos esta problemática. No somos partidarios y mucho menos promotores del aborto, pero sí reconocemos la problemática y actuamos para proteger a las mujeres.
Nos enfrentamos con el fanatismo y el pensamiento dogmático que no analiza, sólo juzga. A este grupo que se denomina “pro vida”, no le interesan los datos, sólo su ortodoxia.
Sería muy loable que todas estas personas que abogan por mantener el delito del aborto y seguir criminalizando a las mujeres, becaran a tantas miles de niñas y niños que se encuentran en los centros de adopción en nuestro país. Que pongan sus finanzas en apoyo de la educación, alimentación y desarrollo de estos niños, no solamente sus palabras de falsa preocupación por ellos.
Asimismo, se debe invertir fuertemente en campañas de concientización y planificación familiar entre la sociedad mexicana. Que la educación sexual permee a todos los estratos sociales para que todos estén informados y si es de su elección entablar una vida sexual activa puedan estar protegidos. Urge eliminar el tabú del tema sexual, que es tan natural de nuestra especie.
Más aún, pudieran inclusive adoptar a aquellos niños que han sido abandonados en lugar de decidir gestar más hijos y seguir abonando a la sobrepoblación mundial. No obstante que el pensamiento de este grupo resulta del todo antilógico y sin empatía, realizar estas acciones a favor de la niñez sería actuar con un mínimo de congruencia.
Lo que pasa es que no son “pro vida”, en la realidad son pro muerte de las mujeres con capacidad de gestar que están en situación de vulnerabilidad y no pueden acceder a un aborto en condiciones seguras. Mientras sigamos penalizando el aborto, las ricas seguirán abortando en condiciones seguras, pero las pobres seguirán muriendo.
