Primer acto: Definiciones básicas.
Sentencia Pública: “decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable”.
“No hay norma más trascendente que una sentencia, pues impacta de manera directa en la vida de las personas: desde un divorcio, un despido injustificado, un cobro o una pena de cárcel”.
Transparencia del Poder Judicial: para “el correcto funcionamiento y fortalecimiento del sistema democrático, la información de dicho poder debe circular de manera clara, amplia (y pública), para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y exista una adecuada rendición de cuentas que controle la corrupción”.
Segundo acto: Buenas noticias, pero pudieran ser mejores.
El Poder Judicial de Coahuila es uno de los pocos tribunales que tiene un portal que publicita las sentencias públicas acorde al artículo 73 de la Ley General de Transparencia.
Hasta ahí las buenas noticias, porque este Poder Judicial:
(1) No “facilita el acceso clasificado de los diferentes temas que resuelven los tribunales”, en base al análisis y argumentación de hechos apegados a derecho y al sentido del fallo. (2) No “sistematiza (las sentencias) a partir de buenas prácticas judiciales que permitan asegurar el derecho (al ciudadano) de acceder a una sentencia clara, precisa y accesible”.
Esta limitante impide a ese ciudadano conocer las criterios jurídicos utilizados por los jueces o magistrados para tomar sus decisiones e impartir justicia y, por último, (3) no toma en cuenta la redacción de dichas sentencias escritas en “abogañol” que agravan su opacidad por ser inaccesibles al ciudadano común.
Tercer acto: Coahuila no es una isla.
El Poder Judicial de la Federación está por retomar una reforma estructural a dicho poder; la misma exigirá una transparencia y rendición de cuentas en los 4 niveles anteriores.
El Poder Judicial de Coahuila apenas rasca el primero.
Ojalá se ponga las pilas y se ponga al día; so pena que dicha reforma se lo lleve de corbata (de moño, por supuesto).
