Parecerá raro que después de haber escrito estas semanas sobre cómo enfrentar el problema caóticamente violento que vivimos en el país, ahora hable de cómo prevenir la violencia, si ésta, ya está instalada. Sin embargo, y por ello el error de Calderón es mayúsculo, la principal arma contra la violencia es la prevención, y no hablo de inteligencia militar o policial (que es importante), sino más bien, de trabajo desde la sociedad, como lo plantea nuestro autor, Edgardo Buscaglia (Buscaglia, Eduardo, “Vacíos de poder en México”, Debate, México, 2014), mediante el último de los cuatro controles (judicial, patrimonial, de la corrupción y social) que esgrime en su texto, es decir, el control social.
Esto va tanto para las (todavía) muchas regiones del territorio que no controla la mafia formal o informal y que están al margen de muertes, extorsiones, violaciones, etcétera; como para aquellas que lamentablemente están ya inmersas en dicha condición.
La prevención no implica el establecimiento de circuitos cerrados de seguridad o la anticipación del accionar delictivo, sino predecir la germinación de los factores de criminalidad antes de que éstos se gesten en una sociedad. Como dice Bucaglia: “evitar futuros delincuentes”
Lo anterior requiere excluir de la centralidad sobre la seguridad humana a las instancias que comúnmente ahí están, como la policía (en cualquiera de sus ámbitos), ejército o marina. Y que los actores clave sean los responsables de trabajo, salud, educación y desarrollo social por parte del gobierno; así como instancias o colectivos ciudadanos sobre los mismos temas de parte de las poblaciones focalizadas.
Atender a esos 251 municipios que a decir del propio Osorio Chong, tienen roto el tejido social (http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/es-posible-lograr-la-paz-afirma-pena-nieto-1360710576).
Otra variable además de la territorial, es la generacional, son los jóvenes quienes “cometen más de la mitad de las infracciones y/o delitos: 5% de ellos, entre 14 y 22 años está vinculado con 55% de los delitos cometidos en los países miembros de la OCDE, México incluido”.
Atendiendo a la juventud, y antes, a la niñez, se gana mucho gastando mucho menos, en cualquier sentido; sobre todo, si del otro lado de la estrategia, sólo existe la brutal represión. Lo anterior no significa que la policía no participe en la lucha contra la delincuencia, más bien, significa que una estrategia centralizada o exclusiva de las fuerzas del “orden”, “produce resultados nulos o contraproducentes”.
Y es aquí en donde la generación de políticas participativas debe de nacer mediante mecanismos de ida y vuelta. Ya que como dice nuestro autor, “en un sistema político autoritario disfrazado de democrático, el Estado siempre se le adelanta a la sociedad y le impone una agenda de demandas sociales, y la sociedad civil no está acostumbrada a exigirle al Estado medidas de prevención con una base social genuina”.
Una primera tarea, cuya articulación tiene que comenzar en aquellos barrios más desprotegidos, es mantener condiciones óptimas en los espacios públicos, lo cual es importante e inmediato, sin embargo, muy elemental.
Además, es urgente cambiar el sistema de prevención asistencial existente en México, que se ha convertido en “un instrumento de clientelismo político y de padrinazgo electoral, en manos de mafias políticas federales, estatales y municipales”. Lo anterior, podría situarse en el ejemplo multicitado por Buscaglia: Brasil.
Allá en el sur (no en el norte), además de intervenir por delitos de corrupción a la élite política y llevarla a la cárcel, se atacó el problema de la pobreza mediante un programa muy elocuente: “Hambre cero”. Así se redujo en tan sólo “cuatro años, 11 millones de pobres y 9 de pobres extremos”.
En cambio, México aumenta año con año las cifras de pobreza, desempleo, marginación escolar y de servicios de salud, así como un nulo desarrollo económico (ayer el dólar superó la barrera de los 16 pesos).
Para que los 59 derechos humanos que se enlistan en la obra de reseña sean respetados, una sociedad como la nuestra “requiere también una revolución económica que incluya a todos”.
Y para ello, es necesaria una red internacional No estatal de organizaciones sociales, que cuente con refugios para proteger a sus miembros de amenazas criminales oficiales o no, que deje el “voluntarismo político discursivo de élites” y realice un trabajo día a día que consiga dar inicio a una revolución social que nos libere de unos y otros delincuentes.
