Con la publicación ayer de la lista de 24 finalistas de los 79 hombres y mujeres que se inscribieron como candidatos para integrar el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y el llamado de organizaciones de la sociedad civil para ampliar los plazos legales para el cumplimiento de sus primeras tareas, la construcción de este anhelo colectivo entra en su fase crítica.
Desde luego a lo primero que habrá que estar atentos es a las entrevistas que la Comisión de Selección, cuerpo colegiado de nueve prestigiadas ciudadanas y ciudadanos que encabeza el colega Diego Petersen, realizará públicamente el lunes y el martes próximos. La idea era que sólo pasaran 15, pero finalmente fueron 24 los calificados por la cercanía de sus puntajes.
Aunque esta Comisión goza de toda la credibilidad y respaldo social por el perfil intachable de sus miembros, habrá que arroparlos colectivamente socializando los nombres de los que pasaron a la fase de entrevistas. No sobra que desde ya, y seguramente los seleccionadores lo agradecerán, quien tenga información adicional a la que en sus solicitudes expusieron los candidatos de sus trayectorias, capacidades, independencia de grupos partidistas y fácticos y reputación, la brinde.
En una revisión de botepronto y a vuelo de pájaro entre los 24 finalistas, lo que puedo comentar es que dominan los perfiles ligados a la Universidad de Guadalajara con 11, otros 8 relacionados con la iniciativa privada y universidades particulares, y cinco que han tenido alguna responsabilidad en la función pública. De ellos, la meta es conformar un grupo de cinco, con equilibrio de género e independencia y capacidad a toda prueba.
Además de la vigilancia de todos, la intervención de los diputados y diputadas de la LXI Legislatura es indispensable para blindar el proceso de los apetitos y embates de los sectores más retrógados de la clase política y gubernamental que buscan ya por todos los medios mantener el estado actual de impunidad.
Por eso es preocupante el desaire que acusaron organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Junta de Coordinación Política, que ayer los dejó prácticamente plantados cuando llevaron su petición de ampliar el plazo legal para que una vez conformado el Comité de Participación Social, el límite para nombrar Fiscales, Auditor y Magistrados no sea el 15 de diciembre sino el 15 de marzo. La norma actual señala que si al 15 de diciembre no están definidos estos cargos, volverá a los diputados esa facultad, con lo que todo lo que se ha caminado en este esfuerzo de ciudadanizar el SAE se podría ir por la borda.
Urge, pues, que los diputados corrijan esta mala señal, y finiquiten los litigios contra integrantes de la Comisión de Selección que puede ser la punta de lanza de los que quieran descarrilar este esfuerzo inédito de construir por primera vez un modelo anticorrupción que funcione.
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