Los notables anticorrupción fueron recibidos ayer por los diputados y diputadas del Congreso local con la aprobación fast-track de las convocatorias, para elegir, entre otros, al Fiscal Anticorrupción, al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y a los nuevos Magistrados del Tribunal Administrativo del Estado que verán estos expedientes.
Ignoro cómo tomaron tan inacostumbrada diligencia legislativa, los y las integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que inmediatamente después del acto que les organizó la Comisión de Selección, en el Instituto Cultural Cabañas para tomarles protesta, acudieron al Congreso para reunirse con integrantes de la LXI Legislatura.
A reserva de analizar a detalle los términos de estas convocatorias, lo primero que salta es que en principio lo que muchos pensábamos era que una de las primeras actividades del CPS era justamente trabajar en el diseño de éstas, como lo hizo la Comisión de Selección para elegirlos a ellos.
Por eso la primera pregunta que habrá que hacerles a estos representantes sociales anticorrupción es qué margen de intervención y de modificación tendrán a las convocatorias aprobadas ayer con singular velocidad, sin debate alguno y con una unanimidad, por decir lo menos, sorprendente. Porque si de entrada los requisitos y lineamientos para los aspirantes adolecen de la claridad de criterios, como ocurre casi siempre en el Congreso, el margen de acción y de selección de la terna del CPS se verá reducido y condicionado gravemente. Por eso se debe revisar cuanto antes esta situación y cerrar cualquier posibilidad de buscar vulnerar este proceso que deben guiar de principio a fin los notables, cuyo prestigio, y el futuro del Sistema Estatal Anticorrupción, están en juego.
Otro riesgo que debe prever el recién creado CPS, además del que planteábamos ayer aquí de que la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción se empantane con temas de falta de independencia de los eventuales funcionarios como el del Fiscal Carnal en el Sistema Nacional, es el de blindar muy bien al que será el Fiscal local Anticorrupción, para que no sufra un cese fulminante como el que padeció Santiago Nieto en la FEPADE.
En ese sentido, tendrán que exigir a los diputados y diputadas locales definir claramente el andamiaje institucional de la nueva Fiscalía General, independiente del Poder Ejecutivo, y el tipo de relación y alcance que guardará con el Fiscal Anticorrupción. Desde luego que lo ideal es que le garantice total libertad para realizar las investigaciones de las tramas de corrupción trátese de funcionarios del mayor a los menores niveles. Pero sobre todo, definir claramente quién y en qué condiciones lo puede destituir. Por ello, insistiría, es indispensable ampliar los plazos más allá del 15 de diciembre.
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